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En el día de hoy, mientras nosotros escribimos este editorial o mientras usted lo está leyendo, un niño o un adolescente está siendo reclutado por algún grupo ilegal para que se tercie un arma al hombro y para enseñarle a asaltar, a matar o morir. Al menos ese es el dato que dio la Defensoría del Pueblo en los últimos días: el reclutamiento de menores aumentó 151% de 2023 a 2024, de 184 casos a 463. Es decir, el promedio es más de uno diario.
Save the Children, una organización reconocida por su permanente defensa de los niños, lanzó en este 2025 una alarma: el preocupante incremento de 1.000% en reclutamiento de menores en Colombia en los últimos cuatro años. Pasamos de 37 casos en 2021 a 409 en 2024, lo cual quiere decir que los grupos armados ilegales han vuelto a ensañarse con los niños y adolescentes.
Cauca es el mayor epicentro del horror con 214 casos en 2024, lo que representa el 72% de los reclutamientos reportados. Putumayo, Valle, Antioquia y Huila completan la lista de departamentos donde la infancia es más vulnerable a este crimen.
Los responsables son los sospechosos de siempre. Infames criminales. Las disidencias de las Farc, principalmente el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, con tres cuartas partes de los casos documentados. El Clan del Golfo, el Eln y otras estructuras criminales menores completan el mapa de la violencia.
La impunidad sigue siendo la norma, y en el 16% de los casos ni siquiera se logra determinar quién es el reclutador, debido al miedo de las comunidades a denunciar.
Es triste reconocer que poco o nada hemos avanzado en ese aspecto. Tal vez pueda consolar a algunos pensar que ahora son menos que los 18.600 menores que las Farc reclutaron durante 20 años (1996 a 2016), según la JEP. Pero el problema es que tal y como van las cosas, si no se les pone tatequieto a los criminales, las cifras pueden seguir escalando.
Los grupos armados continúan aplicando los mismos métodos de antaño: reclutan niños en comunidades rurales, con engaños o usando la fuerza contra familias indefensas. En el Cauca, por ejemplo, los niños indígenas son usados como escudos humanos para evitar ofensivas militares, replicando la estrategia de la guerra de los años 90.
En este contexto es una vergüenza que Iván Velásquez, antes de dejar su cargo como ministro de Defensa, haya dicho que la percepción de deterioro en la seguridad del país era exagerada. Aseguró que se había magnificado para dar la impresión de un deterioro absoluto del orden público. Y algo parecido dijo el presidente Gustavo Petro, quien ha querido minimizar la crisis de violencia que vive el país, diciendo que se trata de “focos” de violencia.
¿Acaso no es muy grave que recluten a 463 niños y adolescentes para la guerra en un año? ¿Cómo se puede hablar de avances cuando se dio un aumento del 151% en el reclutamiento infantil el año pasado? ¿Cómo se justifica que en solo el Cauca más de 350 niños indígenas hayan sido utilizados como escudos humanos?
El repunte del reclutamiento de niños ha coincidido con la implementación de la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro. La misma Defensoría del Pueblo ha advertido que los grupos ilegales han utilizado los ceses al fuego para expandir y fortalecer sus filas. El Estado Mayor Central de las Farc, por ejemplo, firmó un cese al fuego con el Gobierno en 2023, pero poco después se descubrió que seguía reclutando niños en Putumayo. En junio de 2024, el Eln también quedó en evidencia cuando dos menores de 13 y 16 años fueron rescatados de un campamento tras combates en Boyacá.
El problema de la “paz total” no es su intención de diálogo, sino la falta de garantías para la gente. En la práctica, las treguas han permitido que los grupos se rearmen mientras el Estado ha reducido su presencia en las zonas más vulnerables.
El drama es tan extremo que, en algunos casos, han sido las comunidades indígenas las que han rescatado por su cuenta a niños reclutados, como ocurrió con 73 menores en Cauca en 2024. Pero no siempre hay final feliz: al menos 20 niños reclutados fueron asesinados el año pasado.
Colombia no puede normalizar esta tragedia. El reclutamiento de menores es un crimen de lesa humanidad que debe ser combatido con prioridad absoluta. El gobierno de Petro tiene la responsabilidad de garantizar que su estrategia de paz no se convierta en un escenario de ventaja para los violentos.
La seguridad, señor Presidente, no mejora con discursos, ni con diagnósticos, sino con acciones concretas que protejan a la ciudadanía y, sobre todo, a los más vulnerables: los niños.