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La polémica que desató el plan de gobierno de Iván Cepeda, por una frase en la que acusa a Antioquia de ser la cuna de todos los males, no es menor. Pero, si bien ese punto es grave, lo que realmente debe inquietar al país es el contenido completo del plan de gobierno.
La frase sobre Antioquia en el plan de gobierno de Iván Cepeda —que la presenta como “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”— no es un desliz. Ese es el típico libreto de la propaganda populista: buscar un enemigo común –en este caso, la élite antioqueña, el empresariado, el uribismo– para polarizar el debate electoral.
La reacción en Antioquia fue inmediata. El Comité Intergremial, Proantioquia, congresistas y concejales cerraron filas y rechazaron lo que consideran una afirmación profundamente injusta con una región que, como muchas otras en Colombia, ha sido víctima de esas mismas violencias. No se puede pretender reducir la historia de un departamento entero a una etiqueta funcional para atizar odios que se transformen en votos.
Pero el problema no termina ahí. Lo que siguió fue igual de diciente: en lugar de reconocer el error, sectores cercanos al candidato optaron por desacreditar la indignación y exigir explicaciones a quienes se sintieron ofendidos. Es una nueva forma de entender el debate público: primero se estigmatiza, después se descalifica la reacción.
Sin embargo, la controversia por Antioquia corre el riesgo de opacar lo que de verdad debería alarmar a los colombianos: el contenido programático. Lo realmente preocupante no es una frase —grave, sí—, sino el contenido completo del plan de gobierno del candidato que lidera, hasta ahora, las encuestas.
El documento no deja mucho espacio para la duda. El plan de gobierno de Cepeda –“El poder de la verdad”– es un texto de más de 430 páginas cuya lectura completa deja al descubierto el manifiesto de un proyecto político que, de llegar al poder, buscaría transformar de raíz el modelo económico, institucional y de política exterior de Colombia.
Empecemos por lo más evidente: Cepeda no oculta que su principal bandera es venderse como la continuación de Gustavo Petro. En el plan no hay una sola autocrítica relevante sobre los problemas de estos años: escándalos de corrupción, el manejo deplorable de las finanzas públicas o la destrucción de alianzas público-privadas, como en el caso de la salud o la energía.
La promesa no es corregir lo que ha salido mal en estos cuatro años, sino profundizarlo: “Ya no estamos por reformas cosméticas o superficiales. Queremos transformaciones estructurales del modelo económico”.
¿Qué significa eso en la práctica? En materia económica, Cepeda descalifica de entrada cualquier noción de disciplina fiscal, reduciéndola a una supuesta “austeridad neoliberal”. El mensaje es claro: el equilibrio de las finanzas públicas deja de ser una prioridad. En su lugar, se propone un Estado mucho más interventor, con instrumentos como un “Banco del Pueblo” y políticas salariales expansivas, sin una explicación seria de cómo se evitarán efectos previsibles como el aumento del desempleo o la presión sobre el costo de vida.
El sector privado apenas merece tres menciones, como un actor que debe someterse a esquemas de “control social”: “vincularemos al sector privado en función del bien común, mediante mecanismos de obras por impuestos y alianzas justas. Pero siempre bajo control social”. Conceptos básicos para cualquier economía funcional —libre empresa, productividad, competitividad— brillan por su ausencia.
Sobre las concesiones y las alianzas público-privadas, Cepeda las trata como un problema que hay que desmontar: la solución es “cambiar el sistema”. Propone además “modificar el marco normativo de la contratación estatal” para que “las organizaciones populares sean sujetos de contratación”, debilitando los controles de la Ley 80 y abriendo la puerta a la contratación a dedo con organizaciones afines. ¿Para beneficiar a quién?
En el frente agrario, el programa retrocede a una lógica de economía rural que no existe hace décadas en Colombia: plantea “radicalizar la reforma agraria”, culpa a “la apertura económica y los tratados de libre comercio” de haber despojado al país de sus cadenas productivas y promete “recuperar lo que nos han quitado”. Todo esto ante una economía que es más del 80% urbana y está orientada al sector terciario. Lo que se vislumbra es un regreso al proteccionismo abierto maquillado como soberanía alimentaria.
Pero quizá lo más alarmante está en la política exterior. Cepeda propone “romper con la relación de subordinación que Colombia ha mantenido frente a Estados Unidos”, defiende “la independencia y no pertenencia a alianzas bélicas como la OTAN” y califica la intervención contra Maduro como una “agresión” de la cual hay que “salir al paso”, denunciando “la posibilidad de una guerra transnacional contra Venezuela” que estaría “gestándose actualmente”. Todo esto en un momento en que la relación con Estados Unidos es uno de los ejes más sensibles de la política exterior colombiana.
Y no es menor que el documento mencione, como mecanismo para implementar un eventual “acuerdo nacional”, la posibilidad de “una asamblea nacional constituyente”, abriendo la puerta a un reemplazo de la Constitución de 1991. La expresión “poder constituyente” aparece 23 veces a lo largo del texto, siempre como sinónimo de una movilización popular que puede estar por encima de los marcos institucionales.
Lo de Antioquia fue ofensivo y merece todo el rechazo. Pero lo verdaderamente grave de este plan de gobierno son las más de 430 páginas que lo rodean: un proyecto que busca la estatización de la economía, la ruptura con EE. UU., la hostilidad hacia el sector privado, el debilitamiento de controles institucionales y la promesa de desmontar la Constitución del 91.
Eso es lo que está en juego en las elecciones del 31 de mayo. En las que, como bien dijo Jorge Humberto Botero en un foro, esta semana, en la EIA, “no vamos a elegir un gobernante, vamos a elegir en qué tipo de país vamos a vivir”.