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Contrario a lo que parece pensar el fiscal, declararse impedido cuando corresponde es no solo un deber sino un ofrecimiento de confianza a una sociedad que echa de menos referentes éticos.
Los senadores y precandidatos presidenciales Jorge Enrique Robledo y Claudia López han sido incisivos e insistentes sobre la necesidad de que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, se declare impedido en las investigaciones que la Fiscalía adelanta sobre el escándalo Odebrecht, así como sobre el contrato suscrito en 2014 con el consorcio Navelena, para recuperar la navegabilidad del río Magdalena.
El senador Robledo, en particular, asegura que el fiscal Martínez Neira, como abogado asesor y litigante, asesoró a empresas que integran ese consorcio, en concreto las que hacen parte del Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo.
El fiscal ha respondido y dice que no tiene razones para declararse impedido. Desmiente también que haya tenido intervención profesional de asesoría legal en el trámite del crédito que el Banco Agrario concedió a Navelena, crédito que hoy es investigado por los entes de control.
Entre acusaciones y desmentidos, a la opinión pública le queda la...