Los senadores y precandidatos presidenciales Jorge Enrique Robledo y Claudia López han sido incisivos e insistentes sobre la necesidad de que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, se declare impedido en las investigaciones que la Fiscalía adelanta sobre el escándalo Odebrecht, así como sobre el contrato suscrito en 2014 con el consorcio Navelena, para recuperar la navegabilidad del río Magdalena.
El senador Robledo, en particular, asegura que el fiscal Martínez Neira, como abogado asesor y litigante, asesoró a empresas que integran ese consorcio, en concreto las que hacen parte del Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo.
El fiscal ha respondido y dice que no tiene razones para declararse impedido. Desmiente también que haya tenido intervención profesional de asesoría legal en el trámite del crédito que el Banco Agrario concedió a Navelena, crédito que hoy es investigado por los entes de control.
Entre acusaciones y desmentidos, a la opinión pública le queda la impresión de que no hay quién determine la procedencia de estos impedimentos. Según la ley, el impedimento debe ser declarado por él mismo. Pero pasa que las normas jurídicas traen las causales para declararse impedido, y fuera de ese listado quedan otras situaciones que ya entran más en la órbita ética. En el caso de jueces y magistrados, por ejemplo, algunos se declaran impedidos por razones éticamente valederas, pero el impedimento -o la recusación, si es elevada por terceros- no le es aceptado por no estar contemplado en las causales legales taxativas.
En el caso de Néstor Humberto Martínez, desde que se conoció su candidatura a la Fiscalía se advirtieron hasta la saciedad las incompatibilidades que tendría y los impedimentos que surgirían, habida cuenta de su activa y exitosa labor como abogado y la de su despacho jurídico. Situación que se había puesto de presente también durante su continuo pasar del despacho jurídico privado al desempeño de altos cargos en el poder Ejecutivo.
En todo caso, el mismo Martínez Neira propuso el año pasado una idea, que reiteró el día que fue elegido como fiscal por la Corte Suprema de Justicia, para que cuando se presenten impedimentos, no debe ser un subordinado del fiscal general quien asuma la competencia de las investigaciones o expedientes, pues eso no garantiza ni imparcialidad ni independencia. Debe ser escogido un fiscal ad hoc por la misma Corte Suprema para esos casos concretos.
Casos concretos que ahora podrían ir más allá del caso Navelena. De hecho la gran falencia en la legitimidad de ejercicio del fiscal es esa: ha tenido contacto con tantas empresas, entidades y poderes públicos, que el abanico de causales de afectación de la imparcialidad serían numerosas, comenzando por sus innegables vínculos políticos no solo con el Gobierno sino con otros partidos.
Todo esto, sin embargo, fue conocido en su momento y desechado por el Gobierno que lo ternó y la Corte Suprema que lo eligió. Ya estando en ejercicio deberá someterse al control de la opinión pública, de la prensa y de los parlamentarios. Con independencia o no de que los senadores que ahora lo impugnan estén en campaña electoral, el fiscal tiene que ofrecer garantías de transparencia. Si tiene impedimentos, que los declare a tiempo y de forma diáfana. Entre otras cosas porque declararse impedido es una señal de honradez, de ofrecimiento de confianza a una sociedad expósita de referentes de ética pública.
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