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El gobierno del presidente Gustavo Petro ha tomado como costumbre proceder a los trancazos: toma decisiones sin tener en cuenta las reglas de juego porque sabe que luego, si alguna Corte le corrige la plana, él siempre podrá decir que fue que “no nos dejaron”.
Eso parece haber sucedido ayer, cuando con apenas un día y medio de debate en la Plenaria de la Cámara, el petrismo introdujo una proposición para aprobar a pupitrazo limpio la reforma pensional. Se pasaron por la faja dos requisitos fundamentales: el primero, la norma obliga a debatir el texto en su integridad, y el segundo, también obliga a someter a consideración de la plenaria lo que llaman la suficiente ilustración.
La congresista Jennifer Pedraza, por ejemplo, denunció que no habían discutido siquiera el 15% del texto cuando ya lo estaban pupitreando. Con razón, se quejaba ella de que la Cámara no puede ser una simple notaria de lo que decide el Senado. Para algo tenemos un congreso bicameral, para que cada cámara haga su trabajo en democracia.
Todo indica que, por esta y otras razones, la Corte Constitucional tendría que tumbar la ley recién aprobada. Sin embargo, desde ya, se anticipa que el presidente Petro, en su recurrida estrategia de victimización, dirá que “el viejo país” no le deja cambiar el mundo. Un modus operandi con aroma a chantaje y con el que suele poner contra la pared a los magistrados con la ayuda de las bodegas en las redes sociales.
Hay que decir que la reforma que se acabó de aprobar no es propiamente una revolución, como lo ha tratado de presentar el presidente Petro: su propósito fundamental es liberar recursos del presupuesto para dar subsidios de 232.000 pesos mensuales a adultos mayores. Algo que Petro habría podido hacer desde el primer día de su gobierno sin necesidad de reforma, haciendo recortes a los gastos del Estado, fomentando la producción de riqueza y siendo ordenado en el gasto fiscal. Tres cosas en las que ha brillado por su ausencia su gobierno.
Hay que recordar que los subsidios a los adultos mayores ya se dan en Colombia desde hace 20 años. Y por supuesto, multiplicarles por tres la plata que hoy les giran sin duda es bueno.
El otro punto positivo de la reforma es que elimina subsidios a quienes tienen mesadas más altas. Pero como ya hemos dicho, lo no tan bueno, es que al poner el tope en 2,3 salarios mínimos –un tope que no se basa en consideración técnica alguna– el Estado podría estar dando subsidios hasta este monto incluso a ultramillonarios.
¿Por qué no se bajó a 1 salario mínimo el umbral como lo propuso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf)? Pues porque el gran propósito de Gustavo Petro es poder dar subsidios. Y si solo podía disponer de 1 salario mínimo no le alcanzaba.
Una verdadera reforma pensional habría subido la edad de pensión, como ya se hizo en otros países, para hacer el sistema sostenible, por ejemplo. O tendría que meterles la mano a los otros regímenes especiales que son igual de onerosos e inequitativos con el resto de la población. Y ojalá, debería buscar fortalecer o crear una entidad competente para que se encargue de manejar estas nuevas obligaciones que asume el Estado. Pero nada de eso está en la reforma.
Ese aspecto, de la entidad que administrará las decisiones de la reforma, es crucial. Hoy se llama Colpensiones y, como lo alertó la Procuraduría, no está lista para echarse ese enorme peso sobre sus hombros. Colpensiones tiene 6,7 millones de afiliados (y 1,5 millones de pensionados), y con la reforma tendrá que recibir en un año exacto a 19 millones de afiliados más. ¿Alcanzará a estar lista en 12 meses? La experiencia reciente del Ministerio de la Igualdad, que en un año no ha podido armar sus equipos ni siquiera ejecutar un mínimo presupuesto, puede ilustrar el tamaño del desorden (y de pronto del descalabro) que podría producirse tratándose de la administración de las pensiones de los colombianos.
¿Por qué no se tomaron el tiempo necesario y como sugirió el representante Daniel Carvalho hacer una aplicación progresiva de la reforma y no desde julio de 2025? Pues, otra vez, porque Petro necesita esa plata justo para el año entrante porque cree que a punta de subsidios en un año electoral como ese puede garantizar la permanencia de su proyecto político en el poder.
A todo eso se suma que por el afán de aprobar la ley, para que no los cogiera la noche, pupitrearon tal cual el articulado que venía del Senado con varios problemas protuberantes.
Uno de ellos, un enorme mico que aprobaron a última hora en la plenaria del Senado para poder lograr mayoría. Sin mayor estudio ni análisis de implicaciones, metieron un artículo que crea un sistema de pensiones diferente para cerca del 42% de la población: los indígenas, comunidades negras, raizales, palenqueras y campesinos deben tener, según la reforma, un régimen diferente.
Otro problema heredado del Senado, también mico, es que se crea un impuesto para las pensiones de cierto monto en adelante. De todos es sabido que este tipo de ley no puede crear nuevos tributos.
Y también se aprobó otro aspecto que no ha sido suficientemente debatido, y es hasta qué punto puede resultar perjudicial para el sistema fiscal del país que al Banco de la República se le abrogue la responsabilidad sobre el manejo de las pensiones como lo hace el articulado.
La manera apresurada y descuidada como se aprobó la reforma pensional ojalá no sea el preámbulo de un futuro desmadre en la administración del ahorro pensional de todos los colombianos.