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Ya cuando ha pasado el sacudón de la captura del dictador Nicolás Maduro volvemos a aterrizar en la preocupante realidad del manejo económico que le está dando el presidente Gustavo Petro a Colombia.
Y en particular a la medida más populista que hasta ahora ha tomado: el incremento de 23,78% en el salario mínimo. Un aumento tan exagerado que equivale a casi cinco veces la inflación del 2025, que terminó en 5,1%.
Ya el gobierno de Petro empieza a parecer asustado con los primeros coletazos de ese terremoto que propició. En el caso de la vivienda de interés social y prioritaria (VIS y VIP), por ejemplo, el impacto es demoledor: como los precios por ley están indexados al salario mínimo cada casa tendría un aumento de $49 millones.
Es decir, Petro obliga a que a un trabajador le aumenten $347.000 cada mes. Pero si ese mismo trabajador estaba intentando comprar su casa tiene ahora que pagar $49 millones más. Es decir, el equivalente al aumento de su salario durante los siguientes 12 años. O dicho de otra manera: el aumento del precio de la casa se tragaría íntegro su salario durante los próximos dos años. ¿Qué tal la jugada del Gobierno?
Para acabar de ajustar, Petro publicó el domingo un proyecto de decreto para “prohibir” que se aumenten los precios de VIS al ritmo del salario mínimo. Si el Gobierno tuviera claro este impacto habría hecho las reformas necesarias antes y no después. Pareciera que ignoran más de lo que saben del manejo del Estado.
En general, uno de los impactos perversos de este desmesurado incremento del salario mínimo será en la inflación. Este 2026 tampoco se cumplirá la meta del 3% del Banco de la República. El Presidente, en lugar de reconocer su responsabilidad, la emprenderá nuevamente contra la junta del Banco de la República, al que no le queda otro camino que subir las tasas de interés, que están en 9,25%, para intentar evitar que la inflación se desborde.
Esto lo sabe Petro, pero como su objetivo es ganar votos para su proyecto político, pasó por alto todos los argumentos técnicos y ahora va a provocar un tsunami de alzas. El golpe para las empresas y los comercios medianos y pequeños será por partida doble porque les costará más operar por el alza que deben hacer de salarios y además asumió los mayores costos de la reforma laboral y la reducción de la jornada de trabajo.
Para tratar de paliar los duros efectos, Petro anunció controles de precios. Es cínico que sea el gobierno el que venga ahora a hablar de frenar el alza en los precios como si no fuera responsable de todo lo que se va a desatar. Por no hablar de lo grave que puede llegar a ser el control de precios. Hugo Chávez leía, uno a uno, los productos y el precio fijado por el gobierno: todo eso ocurrió mientras el aparato productivo del vecino país se venía abajo.
El tema es tan complicado que asociaciones de empleadas domésticas alertan por despidos en casas de familia que no pueden cumplir con las nuevas cargas laborales. El salario mínimo de $1.750.905, que con el auxilio de transporte sube a $2 millones, termina costando $3 millones con el pago de seguridad social.
Los call-center que contratan miles de personas, o los servicios de vigilancia, los restaurantes y hoteles, sectores que demandan gran mano de obra, o despedirán gente o trasladarán a los usuarios los costos de este incremento. En las próximas asambleas de los conjuntos no se descarta que se hable de despidos de personal de aseo y vigilancia.
Y como si fuera poco, con el alza del mínimo el gobierno clava el cuchillo en las débiles finanzas públicas. Por cuenta de esta medida tendrá que pagar cerca de 7 billones adicionales este año en la nómina y pensiones estatales. Es decir, que la plata que pretende recaudar en impuestos con la emergencia económica apenas le alcanzará para tapar este nuevo hueco que él mismo abrió.
Estas son las consecuencias cuando las medidas se toman con ánimo electoral. Por eso veremos más anuncios de este estilo, más propaganda, más ferias de contratos, más aumentos de personal en entidades públicas así la plata no alcance. Para Gustavo Petro, todo indica, primero son los votos que la responsabilidad con la economía y con el país.