Colombia ha logrado en los últimos 25 años que sus ciudadanos tengan un mejor acceso a la salud. La reorganización del sistema de salud a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993 dio los primeros pasos para implementar el nuevo principio constitucional del derecho a la salud. Los logros desde entonces han sido muy importantes en términos de la cobertura del aseguramiento en salud, reducción del gasto de bolsillo en ese rubro por los hogares y acceso efectivo al servicio.
La otra cara de la cobertura casi universal en salud (96 %), con servicios semejantes para todos, es que se ha ido incubando una difícil situación financiera que amenaza la sostenibilidad misma del sistema y la prestación de servicios de calidad. Es esa la razón de ser del acuerdo de “punto final” que está proponiendo el Gobierno para solucionar la problemática.
El principal problema es que los gastos en salud crecen de forma acelerada y los ingresos no. De tal forma, el gasto en salud en términos de PIB, según la OECD, es hoy 7,2 %, el doble de lo que se gastaba en 1996. El gasto crece porque la población envejece y demanda tratamientos más costosos, y también porque ha habido cambio tecnológico que encarece los medicamentos. De otro lado, al lento crecimiento de los ingresos se suma la complejidad del sector, la falta de regulación y la corrupción que desencadenaron problemas en las cuentas por cobrar, llevaron a liquidar entidades y a pérdidas de recursos.
Es claro que la institucionalidad promercado que creó la Ley 100 está actualmente sometida a una gran presión por la situación descrita. Tanto las Empresas Promotoras de Salud (EPS), con sus dos regímenes de afiliación (contributivo y subsidiado), como las instituciones prestadoras de salud (IPS), afrontan serios problemas financieros ante el rezago en reconocer las sumas que se les adeuda y que se deben entre ellas.
En las EPS del régimen contributivo, la suma fija que reciben por afiliado, también llamada unidad de pago por capitación (UPC), copagos y cuotas moderadoras, ha sido inferior al gasto por servicios, la lista que se cubre con ese dinero. Eso ha llevado a una deuda creciente de la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social (Adres) con las EPS. En total, se habla de 6,7 billones de pesos. De esa suma el 78 por ciento corresponde al régimen contributivo, y el saldo, al subsidiado. En las IPS, hay también grandes deudas: la cartera vencida de los hospitales con agentes del sistema de seguridad social puede estar cerca a los 5 billones de pesos.
La fórmula que está proponiendo el Gobierno parte de sincerar las cifras. La deuda de Adres con las EPS va a ser reconocida como pública y a partir de acuerdos de pago será honrada. El Gobierno está aplicando en este tema lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo para pagar las deudas a las EPS y remediar el problema económico de las IPS. Si todo sale bien, la inyección de liquidez es fundamental para que muchas entidades que iban camino a la quiebra logren sobrevivir. La medida es audaz, requiere mucha administración, pero puede garantizar la sostenibilidad futura del gasto en salud al detener el crecimiento de la deuda histórica. Al tiempo que debe reducir, en el largo plazo, la presión sobre el fisco.
