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En las próximas semanas comenzará en el Congreso la discusión de uno de los proyectos más importantes del gobierno: el presupuesto general de la nación.
Los colombianos solemos no pararle bolas, pero es muy importante: del presupuesto que se fije depende, en primer lugar, si nos van a poner más impuestos o no. Pero también depende si el Estado puede funcionar bien o no, si se van a contratar más funcionarios o no, si van a destinar lo necesario a la salud, a la seguridad y a las regiones, si alcanza la plata para las pensiones, cuánto se va a dar de subsidios, cuánto nos está entrando y cuánto de más nos estamos gastando, si el monto de la deuda está desbordado o no, en fin. De ahí su importancia.
Aunque todavía no es oficial, el Ministerio de Hacienda trabaja en una cifra cercana a los $551,6 billones, 8% más comparado con el presupuesto de este año 2025, que se redujo a $511 billones y está desfinanciado. Ahí viene la primera pregunta: ¿si la plata no alcanzó para $511 billones este año, de dónde van a sacar $40 billones más para el próximo? La respuesta: una nueva reforma tributaria. Si bien es prácticamente imposible que el Congreso le apruebe al Gobierno una ley de financiamiento en su último año, también hay que decir que cosas se han visto.
Si se mantiene dicha cifra, este gobierno pasará a la historia como el que ha querido tener los mayores recursos. En tan solo cuatro años el presupuesto de la nación aumentará en 200 billones de pesos al pasar de $352,6 billones en 2022 a más de $550 billones en 2026. Paradójicamente, Petro quiere más recursos a pesar de que su gobierno más que alentar a la empresa privada, la que paga buena tajada de los impuestos, le ha puesto trabas.
El presidente Petro, en su discurso de instalación del Congreso, no quiso ahondar sobre los graves problemas de las finanzas públicas. Por el contrario, Petro hizo anuncios que inquietaron a los empresarios: afirmó que será generoso con el salario mínimo, dando a entender que pasará por alto la mesa de concertación entre empresarios y trabajadores, y autorizará un alza por decreto. Un alza muy elevada no solo afectará a los empresarios, sino que aumentará el costo de la nómina estatal y por ende desfinanciará el presupuesto, o presionará a incurrir en más deuda o en una tributaria.
Por ninguna parte se menciona un recorte de gastos o mayor austeridad. Es decir, la tijera no se verá en 2026, un año electoral, en el que el gobierno enfilará todas sus baterías para gastar más y conseguir el favor de los votantes.
No se descarta que el proyecto de presupuesto corra la misma suerte del 2025. El Congreso se negó a aprobarlo porque estaba desfinanciado y no discutió la reforma tributaria que intentó tramitar el Ministerio de Hacienda. Petro ya está anticipando este mismo escenario y en su discurso del 20 de julio dijo que “ojalá no tenga que decretarlo”.
Congresistas de las comisiones económicas han advertido que no será fácil aprobar una nueva reforma y Petro les respondió con una nueva amenaza: “Si de nuevo el Congreso hunde la reforma tributaria, condenará las finanzas públicas a la muerte, en los próximos cinco años”. ¿Qué quiso decir con esta frase? ¿Qué va a dejar de pagar o cómo se van a morir las finanzas públicas?
Por más que amenace, Petro no logra tapar el sol con un dedo: si estamos en una situación complicada es por culpa de la irresponsabilidad del gobierno. Al revisar las cifras, hay rubros que se están llevando grandes tajadas del pastel y en los cuales se podría hacer recortes. Los gastos de funcionamiento, con el nuevo presupuesto, habrán crecido 72,5% en sus cuatro años de gobierno ($364,6 billones para el 2026). Los gastos de personal subirán 68,6% ($65,1 billones en 2026). En todas las entidades públicas están contratando más personal, a pesar de que escasea la plata, una suerte de “empleo militante”, es decir, vincular gente para la campaña del Pacto Histórico en 2026.
El servicio de la deuda, capital e intereses aumentará 65%. Llama la atención que en la deuda interna el pago de intereses sea 50,9 billones de pesos, cinco veces más que el capital. Si el gobierno hubiera aplicado un mayor ajuste en los gastos no tendría que endeudarse tanto ni imponerles a los colombianos más impuestos. Estamos en un círculo vicioso.
En un país con tan elevada evasión son muchos los que no tributan. El error es que siempre les caen a los mismos, a los que sí pagan.