La muerte de Sofía, una bebé de 18 meses, supuestamente a manos de su progenitor, no puede mirarse solo como una tragedia familiar, un caso de homicidio aislado o un hecho más de violencia intrafamiliar, es la expresión de una desgracia social que se ha ensañado contra la población más vulnerable del país y que durante la pandemia se ha hecho crítica para la población femenina.
Las cifras, aunque con leve disminución con respecto a otros años, nos ponen a pensar en la forma como nos educamos y comportamos como sociedad. Según Medicina Legal, entre el 25 de marzo y el pasado 10 de noviembre, 519 mujeres fueron asesinadas. Del total de muertes más de 210 casos fueron tipificados como feminicidios, 93 % de los mismos estaba en la impunidad. Antioquia, con 36 episodios, lidera la nefasta estadística nacional.
Bebés, niñas, adolescentes, madres, esposas, novias (...) aparecen entre las víctimas de feminicidios, la manifestación más brutal de la violencia patriarcal y machista, responsable de toda una cadena de dominio, miedos, intimidaciones, sometimientos físicos, sicológicos, económicos; abusos, violaciones (...) muchas de estas actitudes naturalizadas, toleradas y legitimados históricamente en amplios sectores de nuestra organización social.
En ese mismo periodo se practicaron 9.652 exámenes médico-legales por presunto delito sexual; el 85 % (8.252 casos) de víctimas de violencia sexual fueron mujeres, adolescentes y niñas.
También se registraron 279 suicidios de mujeres, 42 con razón probable asociada a conflictos de pareja y violencia física, psicológica o sexual.
En los meses más críticos de confinamiento la violencia intrafamiliar creció 90 % y los feminicidios se triplicaron. Según una investigación hecha en Latinoamérica, en violencia intrafamiliar en la región, Colombia solo fue superada por Chile, donde este flagelo creció el 100 %; México, 60 % y Argentina, 40 %. Registros del ICBF prueban que cada día, uno 37 niños en el país son objeto de algún tipo de violencia. Lo peor de los feminicidios, así lo prueban distintos estudios, es la indefensión de la víctima frente a su agresor y la falta de acción de las autoridades que pudieron evitarlo.
Al atroz asesinato de Sofía, como en la mayoría de estos casos, le antecedió un viacrucis de la mano de su madre, quien en distintas instituciones del Estado buscó apoyo, protección, amparo y cuidado, frente a un padre, de una familia disfuncional, que la golpeaba y la amenazaba con castigos más severos, trascendió en círculos cercanos a la familia. Ningún amparo real, integral y efectivo les llegó.
Aunque se ha avanzado en estrategias claves contra el flagelo, Colombia está en mora de dar un gran giro y profundizar en una política pública, integral, de Estado, que involucre a toda la sociedad, al sistema educativo, la familia, las empresas, gremios, iglesias, alcaldías, concejos, gobernaciones y estamentos de la sociedad civil. Nada gana el país con tener una de las legislaciones más modernas y avanzadas del planeta en la materia si no opera como debe.
Se trata de profundizar en un cambio educativo, social, cultural y económico; en transformar nuestras formas de relacionarnos, que fomente los derechos de la mujer. Deben mejorarse los canales de denuncia, jugar parte activa y no guardar silencio frente a ningún acto contra la mujer.
Esperamos que en estas festividades de Navidad y Año Nuevo, con toque de queda, medida que trasladará el peso de las celebraciones a los hogares y los barrios, no se repitan las desgracias de otros años, en las que las mujeres y los niños fueron las principales víctimas
