Es tan turbio todo lo que se deriva de los procesos de contratación y operación de la empresa Odebrecht en Colombia, con sus sobornos a funcionarios venales, compra de conciencias, favorecimientos ilícitos, torcimiento de leyes y contratos, chantajes al Estado y demás, que es de temer que este vergonzoso capítulo de corrupción siga la inercia de tantos otros en la historia nacional: que los colombianos nos vayamos haciendo a la idea de que solo se sabrá la mínima parte de lo que realmente ocurrió.
Lo anterior no es un juicio caprichoso o fatalista. Para poder asegurar lo contrario -que la verdad prevalecerá- necesitaríamos tener evidencia de que el país tuviera una justicia proba, eficaz, insobornable y regida por estándares de rigurosidad investigativa y severidad en sus condenas. Al decir justicia, se hace extensivo el concepto a la Rama Judicial y a los entes de control.
¿Qué tenemos hoy? Tres asuntos que generan grandes inquietudes y donde no hay claridades: primero, Odebrecht poniendo sus condiciones para reparar económicamente al Estado, ante la velada impotencia de los organismos de control (Contraloría y Procuraduría, y la Fiscalía como órgano judicial). Segundo, la insólita pretensión de la empresa de seguir postulando para ser adjudicataria o concesionaria de obras públicas en Colombia, y la aún más insólita respuesta de las entidades oficiales diciendo que no tienen herramientas legales para impedirlo. Y tercero, las recientes revelaciones hechas por el fallecido Jorge Enrique Pizano, con el añadido trágico de la extraña muerte de su hijo pocas horas después.
Sobre estas muertes hay que aguardar con prudencia las investigaciones judiciales, que en todo caso deberían ser independientes y protegidas contra cualquier injerencia que contamine la custodia de las evidencias. Son muertes sobre las que recaen sospechas, máxime cuando el Instituto de Medicina Legal certifica que hubo sustancias venenosas de por medio. Si hubo muertes por propia voluntad u homicidios urdidos por agentes externos es conclusión que deberán acreditar fiscales y jueces.
Hay una realidad y es que el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, está en una situación muy complicada y su credibilidad ante la ciudadanía sufre un severo golpe. Es tan grave el asunto que se hace necesario que con toda prontitud, se proceda a la escogencia de un fiscal ad hoc, como lo reclamaron ayer autorizadas voces, para que asuma el expediente Odebrecht. Si bien Martínez Neira se declaró impedido ante la Corte Suprema de Justicia habida cuenta de sus gestiones como abogado antes de asumir su cargo, se requiere ir más allá y que un fiscal independiente asuma el control de esa investigación.
La Corte Suprema de Justicia, según se ha sabido, va a considerar en su próxima sala plena mecanismos para permitir la escogencia de fiscales ad hoc para casos de gran repercusión en los que la independencia, imparcialidad y transparencia del fiscal general titular o del vicefiscal -subalterno suyo- no se puedan garantizar. Este de Odebrecht es uno de esos casos.
Las explicaciones del fiscal Martínez Neira deben ser más completas. No se puede asegurar que exista una orden de interferencia o saboteo a las investigaciones, pero éstas parecen estancadas y siguen siendo más los puntos oscuros que los hallazgos logrados por la Fiscalía. Si no entra en acción un fiscal ad hoc, Odebrecht se habrá salido con la suya.
