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La intervención administrativa de Comfenalco Antioquia, la tradicional caja de compensación que nació en 1957, dejó perplejos a los habitantes del departamento que ven en esta entidad un referente en la prestación de servicios para miles de trabajadores y afiliados.
El Superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, anunció en un comunicado del pasado 18 de septiembre, que tomaba esta medida cautelar por un periodo de 12 meses y separó de sus cargos al director y a los miembros del Consejo Directivo, aduciendo que la medida busca proteger el riesgo sobre los recursos del sistema, y garantizarles a los afiliados la prestación de los servicios. Los consejeros que fueron removidos interpusieron un recurso de reposición ante dicha Superintendencia para que se revoque la medida de intervención.
En Colombia sabemos en qué terminan muchas de estas intervenciones, con entidades más afectadas o quebradas cuando concluye el proceso porque ponen al frente a personas que no son idóneas y que hacen más mal que bien.
No estamos en contra de que se tomen las medidas necesarias en caso de que existan razones de fondo o que no haya una administración adecuada y transparente en las cajas de compensación, más cuando administran millonarios recursos como el subsidio familiar. Lo que nos genera la mayor preocupación es que detrás de esas decisiones estén intereses oscuros. En el caso de la intervención de Comfenalco, los argumentos del Superintendente no despejaron las dudas y, por el contrario, dejaron un tufillo en torno a si detrás de esta medida hay más razones políticas que técnicas.
Las dudas son razonables si se tiene en cuenta la situación por la que atraviesan las Empresas Promotoras de Salud (EPS), que afrontan problemas complejos y que están en la mira del gobierno. Ahora, al parecer, van por las cajas de compensación familiar, creadas hace cerca de 70 años, que prestan servicios a más de 20 millones de colombianos, entre afiliados y beneficiarios.
Las alertas están disparadas. En una columna de opinión el exvicepresidente Germán Vargas Lleras dice que hay muchas dudas sobre la gestión y el activismo del superintendente Pérez, al tiempo que calificó la intervención como “desproporcionada y sin fundamento”. Para Vargas, detrás de esta decisión esta la “toma hostil que el presidente Petro ha pretendido hacer de la Nueva EPS, uno de cuyos accionistas es precisamente Comfenalco Antioquia”.
Hoy el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, tiene el 49% de las acciones de la Nueva EPS y el 51% restante está en manos de Colsubsidio, Compensar, Comfandi, y Comfenalco Antioquia.
La revista Semana también ha puesto en tela de juicio el papel que desempeña el superintendente, un abogado especializado en derechos humanos. La revista ha informado sobre denuncias de consejeros y exconsejeros de las cajas de compensación sobre la actuación del funcionario quien, al parecer, tendría un gran apetito burocrático y está buscando recursos de estas entidades para la Paz Total del presidente Petro.
Cabe recordar que la Procuraduría General de la Nación investigó a comienzos de este año a Luis Guillermo Pérez por un abuso de poder porque el funcionario presentó una solicitud para conocer la planta de personal de las cajas de compensación y sus cargos (¿para qué quería esa información y con qué motivos?). También llamó la atención la reiterada solicitud del superintendente a estas entidades para que realicen aportes para la población de Buenaventura, y la modificación de la lista de personas elegibles para los cargos de interventores.
Por estos y más hechos, razones no faltan para estar preocupados, más si durante el gobierno de Petro se han intervenido 10 cajas de compensación, entre ellas Comfaguajira, Comfamiliar Huila, Cafaba, de Barrancabermeja; Confiar Arauca, Comfacor, de Córdoba; Comfamiliar Cartagena, entre otras. La más reciente y grande es la intervención de Comfenalco Antioquia.
Asocajas, el gremio que reúne a 42 cajas de compensación familiar en todo el país también expresó su preocupación, al tiempo que destacó las positivas cifras de Comfenalco, la sexta caja de compensación más grande de Colombia, y la segunda de Antioquia, con más de 900.000 afiliados y beneficiarios, con 21.610 empresas afiliadas, que en 2022 reportó ingresos por 602.000 millones de pesos y excedentes por 41.000 millones.
“Los estados financieros revelan la buena salud de la caja, con indicadores de patrimonio, solvencia, liquidez y endeudamiento en niveles más que satisfactorios, lo cual indica que la gestión de sus administradores ha sido responsable y adecuada de cara a sus afiliados”, aseguró el gremio.
¿Qué busca el gobierno de Gustavo Petro tomándose las cajas? ¿Acaso es parte de la obsesión que tiene el Presidente por estatizar todo? El país debe estar vigilante sobre la suerte de las cajas de compensación familiar. No sea que, por estar pendientes de las cortinas de humo, nos quedemos sin estas valiosas entidades que han hecho tanto por los trabajadores durante tantas décadas.