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Hay cifras que no admiten eufemismos. La Contraloría General acaba de confirmar lo que pacientes, médicos y hospitales llevan meses denunciando: las intervenciones del Gobierno Petro a las EPS no solo no estabilizaron el sistema, sino que lo hundieron más. El contralor Carlos Hernán Rodríguez fue categórico: “La persistencia de estos resultados confirma la ineficacia de las medidas de intervención. Existe una amenaza real sobre la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera de todo el sistema de salud”.
No es un diagnóstico menor. Es la certificación del fracaso.
En la Nueva EPS, la más grande del país con 11,6 millones de afiliados, no existen estados financieros de 2024 y 2025 —lo que impide verificar su información contable—, se detectó un faltante de $4,9 billones en reservas y otros $13,6 billones en anticipos sin legalizar. No hay contabilidad. No hay transparencia. Hay un agujero negro con 11 millones de personas adentro.
En Coosalud, los pasivos escalaron de $1,88 billones en octubre de 2024 a $6,34 billones en 2025. En Famisanar, el patrimonio negativo se hundió de -$2,1 billones al inicio de la intervención a -$3,3 billones al cierre de ese año. En Savia Salud, el endeudamiento creció un 166%. Cada uno de esos números tiene un hospital que no recibe pago, un médico que trabaja sin salario, un paciente que espera una cita.
Esos números tienen rostros. Kevin Acosta tenía 7 años y padecía hemofilia. Falleció en febrero por no recibir a tiempo su medicamento: la Nueva EPS había interrumpido el suministro del emicizumab desde diciembre de 2025. La Procuraduría concluyó que el fallecimiento del menor fue resultado directo de omisiones y negligencias atribuibles a la Nueva EPS.
Jeisson Javier Pinzón tenía 20 años y leucemia aguda. Desde octubre de 2025 esperaba una inmunoterapia fundamental. Tenía tutela con fallo a su favor. Y también orden de desacato. La Nueva EPS jamás le entregó el medicamento. Murió el 14 de marzo de 2026. Alcanzó a grabar videos rogando que alguien lo escuchara.
Silvio Perafán, de 86 años, tenía una enfermedad cardíaca que requería un dispositivo especializado. La tutela fue fallada a su favor el 31 de diciembre de 2025. La Nueva EPS desacató la orden. Fue hospitalizado el 7 de enero y murió sin recibir el tratamiento.
Cecilia Quintero se desplomó y murió dentro de un punto de dispensación de medicamentos de la Nueva EPS en Cúcuta. Cuatro vidas. Cuatro nombres que el Gobierno convirtió en estadística.
Ellos son la punta visible de una catástrofe silenciosa. Un estudio de la Secretaría de Salud del Valle del Cauca detectó un incremento del 14% en la mortalidad de los afiliados a la Nueva EPS en la región —4,5 puntos por encima del promedio de las demás entidades—. En cáncer de ovario, la mortalidad en la Nueva EPS creció un 37%, mientras en otras EPS del Valle descendió un 32%. Las muertes por diabetes y enfermedades metabólicas subieron un 50%. La conclusión del estudio es implacable: las interrupciones en tratamientos y el desabastecimiento de medicamentos han elevado la vulnerabilidad de los pacientes más frágiles.
Durante 2025 se registraron 2.061.661 peticiones, quejas y reclamos —un incremento del 27,4% frente al año anterior—, principalmente por demoras en medicamentos y citas médicas. Más de dos millones de voces diciéndole al sistema que los está fallando. Dos millones de gritos que el Gobierno prefirió no escuchar.
Ante ese cuadro, Juan Manuel Galán radicó el 4 de mayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia formal y una solicitud de medida cautelar contra el presidente Petro, la exministra Carolina Corcho y el actual ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. La acción sostiene que las decisiones del Gobierno han provocado un deterioro crítico en la prestación de servicios médicos, afectando especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas y de alto costo. Galán lo dijo desde Washington sin rodeos: “La vida de los pacientes está por encima de la ideología.”
Esa frase, sencilla y devastadora, resume el núcleo del problema: este Gobierno tomó decisiones sobre la salud de los colombianos guiado por dogma, no por evidencia. Intervino EPS no para salvarlas sino para controlarlas. Las arruinó en el camino y luego nombró un interventor.
Y aquí es donde la tragedia da paso al cinismo descarado. Mientras el sistema colapsa, Petro nombró a Daniel Quintero Calle —el exalcalde de Medellín suspendido por la Procuraduría, investigado por corrupción, símbolo de la politiquería— como superintendente de Salud. Es decir, el encargado de vigilar precisamente las EPS que se hunden. El custodio del naufragio.
Es la prueba reina de que la indiferencia y la indolencia del gobierno de Gustavo Petro frente a la salud de los colombianos también puede ser una política de Estado.