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Han pasado más de seis meses desde el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay y el país sigue atrapado entre pistas incompletas y un dolor que no encuentra verdad. Lo poco que se conoce apunta, de manera preliminar, a una posible culpa de las ‘disidencias’ ya sean las de Iván Mordisco o las de la ‘segunda marquetalia’ de Iván Márquez.
Pero aun si alguna de esas dos hipótesis se confirmara, la respuesta seguiría siendo insuficiente porque identificar a los autores materiales no equivale a explicar el crimen. La pregunta de fondo persiste: ¿por qué lo matarían?, ¿cuál sería el móvil?
Miguel Uribe Turbay no era un actor marginal. Representaba una generación emergente de liderazgo político, proyección electoral y un discurso que incomodaba a quienes hoy están en el poder.
Si se profundiza en la hipótesis de las disidencias –ya sea Márquez o Mordisco–, el panorama se vuelve todavía más inquietante. Esas estructuras armadas no operan en el vacío. Se mueven en economías criminales transnacionales y en lógicas de poder que trascienden las fronteras. ¿Hubo una conexión internacional a la hora de decidir matar a Miguel Uribe?, ¿Acaso agentes o gobiernos externos que vieron en la eliminación de este líder político un mensaje útil para sus intereses?
A esta incertidumbre se suma un factor perturbador: el ruido político. El presidente Gustavo Petro ha planteado ocho hipótesis distintas sobre el crimen. ¡Ocho! Más que esclarecer, esa proliferación de versiones parece un intento de desviar la atención. En un Estado de derecho, la verdad no se construye a partir de conjeturas presidenciales, sino de investigaciones rigurosas.
Lo de Petro, echando culpas a diestra y siniestra, es insólito desde cualquier punto de vista. El 7 de junio, día del asesinato, sugirió que habría una infiltración en el Estado: “Uno puede decir como una primera hipótesis que tiene la marca de los asesinatos de los dirigentes políticos de Colombia que han caído por las balas porque los asesinos intelectuales quieren amedrentar la sociedad y cooptar el Estado para que el Estado sirva al crimen”.
El 10 de junio, en la madrugada publicó un extenso mensaje en X, en el que menciona a la Junta del Narcotráfico en Dubai: “El autor del atentado sería la mafia con asiento internacional (...) la junta del narcotráfico con asiento en Dubai y Colombia”.
El miércoles 2 de julio interpuso una denuncia penal contra su excanciller Álvaro Leyva y en ella arguye que Leyva “instigó” el asesinato de Miguel Uribe, y se lo atribuyó a las disidencias de Iván Márquez: “A las semanas de la carta en la que Leyva insinúa la posibilidad de una tragedia, el senador Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado atribuido a la disidencia comandada por Iván Márquez”. Leyva, sigue el documento, tendría contacto directo con Márquez.
El domingo 20 de julio, en su discurso para instalar el Congreso, insistió en la “Junta Directiva” del narcotráfico con sede en Dubái. Además, el presidente mencionó que los cabecillas de la Segunda Marquetalia son “sirvientes” de los narcotraficantes que viven en los Emiratos Árabes.
El lunes 11 de agosto, día en que falleció Miguel Uribe, metió al ELN entre los sospechosos. “El ELN también aquí está asesinando colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero”, dijo Petro en la ceremonia de ascensos de la Escuela General Santander.
El miércoles 20 de agosto le agregó el componente del “negocio de las esmeraldas”. “Y es probable que el asesino del senador Uribe Turbay está ahí por un negocio de esmeraldas”, dijo en el conversatorio de la Jurisdicción Constitucional.
Y ese mismo miércoles 20 de agosto escribió en su X: “En el negocio de las esmeraldas, en el cual ya han muerto tres esmeralderos en Bogotá, asesinados por francotirador, figura el nombre de Julio Lozano, un narco que fue capturado en EE.UU. y que al regresar quiso recuperar su mina de esmeraldas en Coscuez”, dijo Petro, y replicó una noticia del portal La Voz del Pueblo, en el que solo lanzan hipótesis.
Pero aprovechó, entonces, para culpar “a la derecha” del asesinato implicando a “políticos colombianos” que votan en “las reuniones del capítulo colombiano, que se reúne en Puerto Boyacá y en Medellín”.
También dijo que la Junta del Narcotráfico tiene a su servicio al Clan del Golfo, a las disidencias de Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia y por eso, aseguró que no será posible negociar con esas estructuras si no rompen su relación con la Junta del Narcotráfico. Sin embargo, ya vimos cómo el gobierno Petro firmó en Catar un acuerdo de zonas de distensión que beneficia al Clan del Golfo.
El miércoles 3 de septiembre ya se le ocurrió a Petro otro culpable del asesinato de Miguel Uribe: “Surgen dos hipótesis: o alias “el mosco” se vengó del secretario de gobierno que aplastó el Bronx, con dispersión de ollas en toda la ciudad, o a alias “el mosco” le pagaron una gran cantidad de dinero por asesinar al senador Miguel Turbay. O ambas cosas”.
El jueves 11 de septiembre, el presidente Petro ya tenía identificado al supuesto asesino pues dice que uno vive en Madrid y otro en Dubai. “Señores parlamentarios europeos, el asesino posible del senador Uribe Turbay vive en Europa, uno está viviendo en Madrid y otro en Dubái, no nos insulten porque levantamos la bandera de Bolívar de nuevo”.
El lunes 15 de septiembre volvió con el tema del Bronx, pero con nuevo ingrediente: “Al Mosco le pagó alguien más, porque esa operación valía mucha plata y parece que el Mosco no tenía la plata suficiente entonces alguien le dio la plata y ese alguien es el capo de capos”.
Y el miércoles 24 de septiembre, añadió a la baraja de culpables a los mismos asesinos del fiscal paraguayo Pecci. “No sé si los asesinos del fiscal Pecci sean los mismos de Miguel Uribe”.
El presidente Petro ha lanzado muchas hipótesis pero no ha respondido por qué un adolescente de 15 años se pudo acercar sin problema alguno al candidato presidencial del uribismo mientras daba un discurso en plena calle en un barrio de Bogotá. ¿Qué pasó con la seguridad que le debía prestar el Estado? ¿Por qué lo mataron tan fácil? ¿Tenía acaso a los escoltas pagados por el Estado ocupados con los criminales de las disidencias y del Clan del Golfo que él mismo ha declarado “gestores de paz”?
La sociedad tiene derecho a saber quién ordenó, financió y ejecutó este crimen, pero también por qué. La pregunta del año no puede convertirse en la pregunta embolatada por las elucubraciones del Presidente.