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Colombia atraviesa una anomalía filosófica sin precedentes en su historia institucional: en nombre de la paz, se están haciendo trizas los principios que hacen posible el Estado.
La llamada “Paz Total”, bandera del gobierno de Gustavo Petro, se ha traducido en un cambio extremo de valores: lo que debería ser excepcional —la concesión de beneficios a criminales— parece ser la regla, y lo que debería ser innegociable —la vigencia de la ley— parece estar a discreción del gobernante.
La coyuntura reciente es ilustrativa. La negativa del Presidente a permitir la captura de alias “Calarcá”, pese a los daños y el terror que se le atribuyen, no es un hecho aislado sino la manifestación de una lógica más amplia: la de suspender la acción legítima del Estado frente a quienes lo desafían. No ha habido poder humano que haga cambiar de opinión a Petro. Ni la Fiscalía, ni los jueces, ni siquiera parece conmoverse con quienes han sido sus nuevas víctimas, mientras goza de los beneficios de la “Paz Total”.
A ello se suma la solicitud de levantar órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales recluidos en la cárcel de Itagüí, una decisión que, más allá de su justificación táctica, envía un mensaje profundamente problemático a la sociedad. En buena hora la Fiscal General se dio cuenta del despropósito y corrigió parte de la plana.
A lo largo de los siglos, la civilización occidental ha construido una idea bastante consistente sobre para qué existe el Estado. Su razón de ser, su justificación última, es proteger a los ciudadanos de la violencia arbitraria. El Estado nace, precisamente, del monopolio legítimo de la fuerza. No para usarla caprichosamente, sino para que nadie más pueda usarla impunemente.
Hay una frase que los defensores de la “Paz Total” de Petro repiten con insistencia: y es que no hay solución militar para el conflicto colombiano. Es una verdad a medias. Porque de esa premisa razonable —que la guerra no se gana solo con fusiles— se ha llegado a una conclusión absurda: que tampoco se puede arrestar a nadie, perseguir a nadie, aplicar la ley a nadie, porque eso “obstaculiza la paz”.
No se trata de negar la necesidad de explorar salidas negociadas en un país marcado por décadas de violencia. Pero incluso en los procesos más audaces de negociación, han existido líneas rojas claras: el respeto por las víctimas, la proporcionalidad de los beneficios y, sobre todo, la preservación de la legitimidad institucional.
En el diseño constitucional normal, el Estado le debe lealtad a los ciudadanos. En el diseño de la “Paz Total”, el Estado parece deberle lealtad a los victimarios.
Cómo olvidar el abrazo que Petro se dio con el paramilitar, responsable de tantas masacres, Salvatore Mancuso, o el tarimazo con los jefes del crimen organizado del Valle de Aburrá. Y tampoco olvidamos, por el contrario, que Petro nunca llegó a un acto de reparación de víctimas para el que estaba programado en la Plaza de Bolívar.
Por no hablar de las otras tesis que el presidente Gustavo Petro ha querido poner en boga en insólita defensa de los delincuentes: aquella de que los que roban celulares lo hacen por amor, o la de que los delincuentes del Tren de Aragua son solo jóvenes necesitados de afecto y, por supuesto, su narrativa nostálgica e idealista del M19, grupo guerrillero al cual perteneció, y del que olvida mencionar las muertes, los secuestros y el terror que provocó en Colombia.
La “Paz Total” ha cometido, además, un error que sus defensores raramente reconocen: ha confundido la ausencia de hostilidades con la presencia de justicia. Son cosas distintas. Puede haber “paz” —esa paz siniestra de quien calla porque teme— en una sociedad completamente sometida al crimen organizado. Eso no es paz.
La paz legítima, la única que merece el nombre, exige que el orden que la sostiene sea justo. Que quien daña responda. Que quien protege, tenga respaldo institucional para hacerlo.
Petro parece haber puesto en pausa la Constitución, y sobre todo algo más antiguo y más fundamental: el pacto por el cual los ciudadanos aceptan ceder parte de su libertad natural a cambio de protección. Ese pacto —el contrato social en su versión más elemental— dice: yo no tomo la justicia en mis propias manos porque confío en que el Estado lo hará por mí.
Un Estado que invierte sus valores fundacionales —que premia al infractor y desprotege al ciudadano— compromete su propia razón de ser. Colombia no puede permitirse que la paz se construya sobre la fragilidad de sus instituciones.