La ocurrencia, la madrugada de ayer, del homicidio de tres profesionales jóvenes vinculados a una multinacional de la minería del oro estremece al país, al departamento, pero sobre todo al Norte de Antioquia, una región en la cual están enquistados grupos armados organizados como el Clan del Golfo y las guerrillas residuales de las Farc, en particular de los otrora frentes 18 y 36.
Lo ocurrido es espeluznante: un comando de ilegales que irrumpe de madrugada y dispara, sin mediar palabra ni distinción de algún tipo, contra civiles indefensos que se encontraban en un campamento de exploración de la Continental Gold Mines.
El triple homicidio tiene varias perspectivas y aristas para el análisis: la humanitaria, la de seguridad regional, la de gobernabilidad y la política, en un sentido amplio.
El primer asunto, y el más condenable por las características de los asesinatos, es la comisión de un acto criminal a mansalva y sobreseguro de tres profesionales de la geología. Ataque que, en las primeras hipótesis de las autoridades, se le atribuye a integrantes del frente 36 de las desmovilizadas Farc, cuya presencia en zona rural del municipio de Yarumal es marcada. Lo ocurrido muestra la mentalidad demencial y de total descomposición de lo que hoy se ha dado en llamar “disidencias”.
En esa zona del departamento está probado el vínculo del grupo con las bandas del microtráfico y del sicariato del municipio de Bello. El 25 de agosto, el Ejército capturó a Fernando Alberto Jiménez Ruiz, alias “el Caníbal”, señalado de ser el enlace entre la banda Pachelly y el citado frente de las disueltas Farc.
Es esa mezcla explosiva entre delincuencia común y guerrillas residuales lo que degrada aún más la disputa por territorios y poder entre bandas criminales que, a todas luces, desconocen principios elementales del Derecho Internacional Humanitario (DIH), como la distinción y el respeto de los no combatientes.
La matanza de Laura Alejandra Flórez Aguirre, Henry Mauricio Martínez Gómez y Camilo Andrés Tirado Farak, y las heridas causadas a otras tres personas, son tan deplorables como reveladoras de la descomposición del conflicto que azota con especial crudeza el Norte de Antioquia durante los dos últimos años.
Se trata de una región que tiene como ejes transversales de esa violencia los cultivos ilícitos y el narcotráfico y los entables de minería criminal y la presión extorsiva sobre las empresas legales de extracción aurífera. Hace poco más de una semana también fue asesinado otro ingeniero de la Continental Gold, en Buriticá.
La Gobernación de Antioquia conoce al detalle las dinámicas de esta guerra entre grupos armados ilegales, al igual que el Ejército y la Policía. Las cifras de homicidios y desplazados están disparadas y es urgente que el Estado recupere el control del orden público y que garantice la protección de la población civil.
La situación refrenda la crisis humanitaria en el Norte, ahonda la inseguridad y abre paso al análisis político según el cual se requieren de inmediato la intervención y el apoyo del Gobierno Nacional.
Cada vez es más perceptible el aumento de la criminalidad y de las amenazas contra la institucionalidad y la ciudadanía que ya encarnan las disidencias de las Farc. La crisis y el dolor que derivan de esos homicidios deben activar las acciones necesarias para recuperar el control de una zona estratégica de Antioquia.
