Si vamos a hablar del infame “plan pistola” que grupos criminales han lanzado contra la Policía Nacional en los últimos días, solo existe una forma de empezar: con un profundo lamento por las vidas de los uniformados que han sido asesinados, con un inmenso respeto por su sacrificio y por su entrega, con una gigantesca gratitud por el servicio que prestaron a todo un país. A sus familias, a sus madres, padres, hijos, hermanos, tenemos que acompañarlos en su dolor, y decirles que en el fondo de nuestro corazón nosotros también lloramos por esas vidas.
Pero la pregunta es: ¿qué está pasando? Policías asesinados (en solo Antioquia, 32 este año), estaciones atacadas, hostigamientos, todo tipo de actos de terror a lo largo del departamento y de otros lugares de la geografía nacional, bajo la denominación “plan pistola”, de procedencia tan oscura como cobarde.
La sola expresión “plan pistola” nos trae los peores recuerdos de cuando Pablo Escobar pagaba por el asesinato de miembros de la Policía en Medellín. O del infame Mono Jojoy, declarando ante los medios, a finales del año 2000, que su respuesta a las acciones eficaces de la Fuerza Aérea sería un “plan pistola” para asesinar a los pilotos cuando estuvieran de civil, de permiso, departiendo con sus familias. La modalidad misma es sinónimo de terror: usar el sicariato, usar la acción furtiva, sorprender al más vulnerable cuando menos lo espera.
Algo hay que hacer, y debe hacerse inmediatamente, pues no podemos seguir asistiendo día a día al asesinato de más miembros de la Policía Nacional y la Fuerza Pública. Cabe aquí una observación crítica al actual gobierno: no desconocemos los importantes golpes que se han dado a organizaciones criminales como el Eln y el “clan del Golfo”, golpes que incluyen, al menos en el último caso, la captura y extradición de su máximo líder. Pero, claramente, fue prematura la declaración que hizo el presidente Iván Duque, en el sentido de que esta organización ya había quedado acabada. Hay todavía un desafío muy grande, pues si bien se han cortado las cabezas, la banda criminal ha mostrado capacidad de reagruparse y regresar a la acción.
El golpe a “objetivos de alto valor”, es decir a los cabecillas, que fue tan eficaz en la lucha contra la Farc, no está mostrando la misma eficacia en la lucha contra las organizaciones criminales de hoy en Colombia. Estas, tal vez por ser menos estructuradas y jerarquizadas que lo que fueron las Farc, resisten mejor la pérdida de sus máximos líderes, se mueven, se reagrupan, y siguen en sus acciones. Siguen, sobre todo, operando sus jugosos negocios de rentas criminales, como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro. En la medida en que siga siendo tan sencillo continuar con estos negocios, las organizaciones criminales seguirán vivas. Cambiarán, a veces incluso el nombre, pero no van a desaparecer. Es urgente un replanteamiento de la estrategia: no es suficiente capturar o dar de baja a cabecillas, hay que desarmar la organización en sus capacidades y en sus rentas.
Pero en este momento urge también una reflexión sobre la promesa de diálogo y de “paz total” que ha lanzado el presidente electo Gustavo Petro. Esa promesa tan generosa e incondicional ha sido un estímulo central para estas acciones, y es muy probable que haya motivado en buena parte la ejecución de este “plan pistola”. ¿Por qué? Por una lógica muy simple: si el gobierno entrante anuncia públicamente que está dispuesto a ser generoso con las organizaciones terroristas más grandes y peligrosas, el mensaje para esos grupos es que en la medida en que su amenaza sea mayor, y su capacidad criminal sea más grande, mayor será la generosidad del gobierno y la disposición a dialogar con ellos. Mientras más grande y más peligroso, mejor. Además, voceros de esta “paz total” han cometido el nefasto error de decir, públicamente, que el Estado ha sido incapaz de someter esos grupos.
Esa admisión de incapacidad tiene únicamente un efecto, y es el de animar a los criminales a que multipliquen sus acciones, a que se sientan seguros en su presencia territorial y a que escalen sus acciones con el fin de demostrarle al gobierno entrante que en efecto el Estado no pudo con ellos, y que por lo tanto, la única alternativa es ofrecerles condiciones generosas.
Un grave error de un gobierno que ni siquiera se ha posesionado, y que nos está costando sangre y lágrimas. El Estado jamás puede claudicar públicamente de sus obligaciones, ni declararse públicamente incapaz de cumplirlas. Al final, la pregunta es: ¿quién se está sometiendo, los criminales o el Estado?
