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La consulta interna del Pacto Histórico arrojó señales preocupantes sobre el rumbo del movimiento que el presidente Gustavo Petro prometió convertir en una alternativa ética y transformadora frente a los viejos vicios de la política colombiana.
Si bien la participación de 2,7 millones de votantes supera ejercicios similares del pasado, como la consulta que los liberales también hicieron en octubre de 2017, el dato palidece si se tiene en cuenta que solo salió a votar el 6% del censo electoral y les quedó faltando para llegar a la meta de 5 millones de sufragios que ellos mismos se plantearon.
El resultado sugiere que, pese a la pérdida de favorabilidad del gobierno Petro, el Pacto mantendría una base electoral firme y movilizada. Y se dice en condicional porque, también hay que decir, esta parece cada vez más fragmentada, menos ideológica y dependiente de las mismas maquinarias que decía combatir. Maquinarias que además no es claro hasta cuando acompañen al proyecto petrista.
Iván Cepeda, con más de 1,5 millones de votos, resultó ser el gran vencedor de la consulta presidencial. Su perfil, de izquierda tradicional, puede dar una apariencia de coherencia doctrinaria. Pero esta imagen contrasta con la realidad de las listas al Congreso, donde el peso determinante lo tiene esa estructura que representa lo contrario del ideario progresista.
El caso de Pedro Flórez, el candidato al Senado más votado y ficha del clan Torres, es emblemático. Su ascenso, respaldado por Armando Benedetti —figura central de varios escándalos— y por redes clientelares de larga data, confirma una verdad incómoda: bajo la gestión de Petro, el Pacto Histórico ha abierto sus puertas a prácticas políticas que prometió erradicar. En el Atlántico, Jaime Santamaría, candidato a la Cámara del mismo grupo político, derrotó a aspirantes de mayor formación ideológica, y así se consolida el clan del poderoso contratista del Estado como uno de los pilares de la coalición oficialista.
También se destacan otras candidaturas de maquinaria, como la de Patricia Caicedo, hermana del exgobernador Carlos Caicedo, la más votada entre las mujeres, muestra de cómo el nepotismo se abre paso. Laura Ahumada, esposa del alcalde de Barrancabermeja investigado por compra de votos. Y asimismo, se observó una alta participación en regiones como Córdoba, donde la Agencia Nacional de Tierras (ANT), puso su aparato institucional como trampolín para varias candidaturas aliadas. La mezcla de burocracia y proselitismo muestra a un Estado instrumentalizado con fines electorales.
Estas alianzas no son accidentales. Responden a una estrategia deliberada de Petro por salvar su pellejo a cualquier costo. “Petro decidió ganar”, dijo hace poco Carlos Carrillo para explicar la incoherencia del mandatario al elegir sus nuevos aliados.
A este panorama se suma que fue también una jornada positiva para los influencers: figuras con popularidad en redes sociales pero escasa o ninguna trayectoria política, como “Wally” o Lalis y Daniel Monroy que lograron posiciones destacadas en Bogotá, y Hernán Muriel que se alzó como el más votado en Antioquia. Si bien la llegada de estos puede interpretarse como un síntoma de renovación, y ojalá así sea, también refleja una superficialidad creciente en el Pacto: más atención a los likes que a los proyectos o ideas.
Nombres de la izquierda tradicional lograron mantener posiciones —como Alfredo Mondragón y Wilson Arias, del Valle, Carlos Benavides, de Nariño, y Ferney Silva, del Cauca– pero su peso se ve diluido en medio de una lista con influenciadores, clientelas regionales y operadores del Estado, bajo una misma sombrilla partidista, pero con agendas e intereses profundamente diferentes.
El desplome de figuras cercanas al petrismo, como el representante David Racero, enredado en denuncias de corrupción, o la baja votación de la senadora Isabel Zuleta, sugiere también un agotamiento del relato con el que Petro llegó al poder. Un relato que hablaba de cambio, de ética pública, de ruptura con las prácticas del pasado, pero que hoy naufraga en la contradicción entre lo dicho y lo hecho.
Un dato aún más elocuente del cambio sufrido por el Pacto Histórico es la quema de varios de sus perfiles más identificados con la izquierda ideológica y social. Entre ellos, el senador Robert Daza, líder campesino de Nariño; los representantes Andrés Cancimance, activista de derechos humanos en el sur del país; Alirio Uribe, otrora presidente del colectivo José Alvear; y Támara Argote, referente del movimiento feminista. También quedarían fuera del Congreso las senadoras Jael Quiroga, directora histórica de la Corporación Reiniciar, y Sandra Jaimes, militante de movimiento social en Santander.
El mensaje es claro: en la reconfiguración del Pacto Histórico, el electorado premió las maquinarias, las alianzas pragmáticas y la popularidad en redes por encima de las trayectorias ligadas a la izquierda y a la coherencia programática.
El mapa electoral, además, revela fracturas. Aunque el Pacto conserva fuerza en el sur, su crecimiento en la Costa Caribe fue a costa de alianzas cuestionables y retrocedió en regiones como Antioquia, el Eje Cafetero y Norte de Santander, en las que apenas superó el 2% de participación. Y en Bogotá —clave para la victoria de Petro en 2022— la caída es significativa: apenas un 6% de participación, la mitad de lo logrado en las legislativas anteriores.
La izquierda corre el riesgo de convertirse en aquello que siempre denunció: un vehículo electoral al servicio de intereses particulares, sin cohesión programática ni vocación de transformación profunda.
Nadie se puede dar por sorprendido: así lo dejó claro Gustavo Petro desde febrero de este año cuando eligió a Armando Benedetti por encima de sus compañeros históricos de lucha. Cuando eligió las peores prácticas de la política tradicional por encima de las ideas de izquierda. La lista del Pacto Histórico ratifica la voltereta dada por el mandatario.