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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que nació en abril de 2017 tras los Acuerdos del gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc, está en el centro del debate por hechos como el recorte en sus gastos de funcionamiento, hasta dónde llega su independencia del Estado y cuáles han sido los resultados de estos casi diez años.
Si bien este debate no es nuevo, ha cobrado relevancia en los últimos días tras la decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella de asignar menos recursos de los que pide la entidad. Para el 2027, la JEP solicitó $947.642 millones, pero en el presupuesto que está en debate en el Congreso se asignaron $821.803 millones, es decir, $125.839 millones menos frente a lo solicitado.
El monto asignado significa un aumento frente a los $744.658 millones incluidos que recibió la JEP en 2026, sin embargo el presidente de este tribunal, el magistrado Alejandro Ramelli, pegó el grito en el cielo, amenazó con acudir a instancias internacionales y dijo no rendir cuentas ante otra rama del poder público. Ante esta posición, el presidente De la Espriella le aclaró que esta decisión no “es una asfixia ni una venganza, sino que es responsabilidad fiscal”.
La reacción de Ramelli suena a pataleta si se tiene en cuenta que debido al grave déficit fiscal del país todas las entidades del Estado deben reducir sus gastos en lo que queda de 2026 y en 2027. No hay plata para nadie. La propia Rama Judicial, la justicia ordinaria, pidió 16 billones para este año y el Gobierno contempló 11,6, es decir le asignaron 4,4 billones menos. El detalle no es menor: mientras a la JEP le están restando cerca de un 13% de lo que pidió, a la justicia ordinaria se le está quitando el 27,5%.
El reclamo suena aún más desafortunado si se tiene en cuenta que no hay $5 billones para pagar las mesadas de noviembre y diciembre de los pensionados de Colpensiones. Si los juzgados que atienden al ciudadano de a pie se aprietan el cinturón, la JEP no puede pretender ser la excepción. Eso no es asfixia. Es el mismo rigor fiscal que se le exige al resto del Estado.
Ramelli escribió a los fiscales adjuntos de la Corte Penal Internacional para denunciar lo que llamó el más grave ataque contra la independencia de la justicia transicional. Es comprensible que un tribunal defienda su autonomía, pero su primera obligación es con los colombianos que lo financian. Antes de tocar la puerta en La Haya, la JEP debería explicar aquí sus gastos, su nómina y sus plazos. La independencia judicial protege las decisiones de los jueces, pero no los exime de rendir cuentas.
Por ejemplo, cómo es posible que solo en septiembre de 2025, después de más de ocho años de haber sido creada, emitió el primer fallo contra siete antiguos comandantes de las Farc por el secuestro de al menos 21.000 personas. Y solo un año después, la semana pasada, les aplicó la sanción de ocho años de trabajos restaurativos. Sin cárcel.
Sectores de víctimas se han sentido engañadas porque consideran que ha juzgado con mayor rigor a los miembros de las fuerzas militares y ha sido benevolente cuando se trata de exguerrilleros que cometieron actos criminales. Como el caso de la exsenadora conocida como Sandra Ramírez, que era la compañera de Manuel Marulanda Vélez, conocido como Tirofijo, sobre quien pesan denuncias por reclutamiento de niños y por obligar a jóvenes a abortar o a ser parejas de comandantes de la guerrilla. Y solo ahora la JEP la llama a responder por estos hechos. Más de 18.600 menores de edad fueron reclutados por las Farc, pero todavía no hay sanciones ni castigos por esta aberrante práctica.
Parte de esa demora tiene que ver con triquiñuelas jurídicas que han aplicado los exjefes de las Farc: reconocieron crímenes al comienzo y se retractaron en el juicio, y presentaron recursos para exigir una sola acusación por todos sus delitos. Y la JEP también se dejó enredar. Respondió con comunicados de prensa lo que debía resolver con autos, y abrió la puerta a tutelas que congelaron el proceso.
En su defensa, la JEP sostiene que en estos ocho años ha tomado más de 3.600 decisiones con efecto de sentencia, actualizó a 7.837 el número de falsos positivos, las Farc reconocieron más de 21.000 casos de secuestro, ha emitido 21 sentencias, y más de 300 comparecientes han sido imputados. Si bien son resultados que no se pueden menospreciar también es cierto que esta jurisdicción no puede incomodarse cuando la llamen al tablero y le pidan cuentas.
Colombia no puede darse el lujo de escoger entre una JEP intocable y una JEP asfixiada. La primera se vuelve un fortín que gasta sin mostrar resultados. La segunda se convierte en una promesa incumplida que el mundo entero sabrá leer. El camino es el de en medio: presupuesto austero, metas verificables, plazos públicos y una jurisdicción que dé cuentas antes de pedir auxilio afuera. Eso es lo mínimo que les debemos a las víctimas. .