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La realidad impuesta a la brava por el grupo guerrillero ELN al secuestrar al papá del futbolista Luis Díaz ha puesto en el foco de la actualidad el tema de la industria del secuestro que se ha consolidado en América Latina. Las cifran producen escalofríos: siete de cada diez secuestros en el mundo se producen en esta región y aquí se pagan los rescates más altos.
A tal punto hemos llegado, que se puede hablar sin exageraciones de una industria boyante que ha generado toda clase de negocios a su alrededor como compañías de seguridad, venta de armas, equipos de protección, pólizas antisecuestro para ejecutivos extranjeros y blindaje de vehículos. Y aunque puede estar ligado a actividades ilegales por parte de narcotraficantes y guerrilleros, el secuestro ya es en sí mismo un negocio de grupos que se dedican única y exclusivamente a vivir de este delito.
Quizá las dos razones de peso para que Latinoamérica sea el escenario ideal donde el secuestro campa a sus anchas sean la impunidad y la corrupción. Para los delincuentes es un “ganafácil” en el que el riesgo de ser atrapados es bastante bajo. Bien sea porque aprovechan la topografía local, como en el caso colombiano, o bien porque el crimen organizado ha logrado infiltrarse en altas instancias del Estado y se sabe protegido. Es el mundo al revés imaginado por Lewis Carroll cuando Alicia atraviesa el espejo y descubre a aquellos personajes que van en contra de las reglas de juego.
Si bien no se pueden generalizar las razones para todos los países latinoamericanos, sí hay una cultura de la ilegalidad que viene unida a la violencia social y a las conductas antisociales que se presenta como común denominador. Los secuestros de tipo territorial, los que buscan rentabilidad inmediata o los extorsivos se practican en mayor o menor grado en centro y Suramérica dependiendo del contexto. Los conflictos armados, las crisis políticas y los entornos económicos adversos contribuyen a que este delito crezca año tras año.
Pero también hay que mencionar el tema de los flujos migratorios que ha convertido a gente humilde y necesitada en objetivo vulnerable. Ya hemos comentado en múltiples ocasiones cómo el paso por el Darién o los distintos cruces por territorio mexicano se han convertido en espacios para que grupos de criminales que controlan extensas áreas fronterizas secuestren migrantes, los exploten laboralmente o extorsionen a sus familias.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene algunos de los últimos datos que se conocen. Ecuador, México y Haití encabezan la lista de países con mayores tasas de secuestro por cada 100.000 habitantes. Y Colombia, con el peso de sus 7,7 millones de desplazados, ha vivido un aumento del 70% en este delito a lo largo del 2023. El caso particular de Antioquia es preocupante porque el secuestro en todas sus modalidades ha aumentado un 88% respecto al año pasado. Aunque valga aclarar que ya no se manejan cifras infames como las que alcanzamos en 1995, cuando el ritmo de personas secuestradas en el país era de una cada dos horas y 24 minutos.
Otro país que ha descubierto el dolor de este flagelo es Chile, que desde 2020 ha visto cómo las cifras no hacen más que crecer debido al aumento de grupos violentos que pese al repudio que provocan entre los ciudadanos no han podido ser combatidos adecuadamente durante los últimos gobiernos.
Los delincuentes en Brasil y Argentina se han especializado en el llamado secuestro exprés, que consiste en retener a una persona durante varias horas mientras la obligan a vaciar sus cuentas bancarias. Y en México se habla de un promedio de 3,3 secuestros diarios. En ese país, el 99.3 por ciento de los secuestros no se denuncian o no se registran adecuadamente por parte de las fiscalías, lo que agrava la falta de información precisa sobre la situación.
Este punto es muy preocupante porque implica que las autoridades no tienen un conocimiento completo de la magnitud del delito y, por lo tanto, carecen de una estrategia efectiva para combatirlo de manera eficiente. Luchar contra el dinero fácil e ilegal puede parecer una tarea abrumadora, pero hay que cumplir con ella. Llevamos más de 40 años repitiendo que la poca colaboración entre las familias de las víctimas y las autoridades incrementa el número de secuestros, porque permite a los secuestradores lograr su objetivo más fácilmente. Se entienden los temores, pero es tarea de todos luchar contra la impunidad..