Pico y Placa Medellín
viernes
7 y 9
7 y 9
Hay algo que los gobiernos todavía no parecen entender: la inteligencia artificial no solo está cambiando la economía. También está cambiando la relación entre el ciudadano y el Estado. Y el Reino Unido puede ser hoy el primer gran laboratorio de este fenómeno.
El primer ministro británico, Andy Burnham, llegó al poder hace apenas un mes prometiendo hacer que el Estado funcione mejor. Pero le ha aparecido un adversario que el Estado no sabe cómo enfrentar: un ciudadano armado con inteligencia artificial. Antes, reclamar una multa, impugnar una decisión administrativa o exigir una compensación podía requerir horas y días de llamadas, formularios, abogados y paciencia. Era casi un privilegio de quienes tenían recursos y conocimiento.
Hoy puede bastar con escribir una pregunta a la Inteligencia Artificial. Un conductor en Inglaterra lo comprobó hace poco: le llegó una multa de 100 libras por dejar a un colega en la zona habilitada sólo para recoger pasajeros del aeropuerto de Gatwick, le pidió ayuda a ChatGPT para redactar una impugnación y consiguió que le redujeran la multa sustancialmente. No es un caso aislado: es un episodio que empieza a repetirse por miles.
Eso es una revolución. Pero también puede convertirse en una pesadilla para el Estado. Porque la burocracia fue diseñada para atender a ciudadanos que tienen poco tiempo, poca información y poca capacidad para pelear contra ella. La inteligencia artificial cambia las reglas. El ciudadano puede multiplicar su capacidad de reclamar. El funcionario no puede multiplicar su capacidad de responder al mismo ritmo.
Imaginemos millones de personas utilizando IA para presentar reclamos perfectamente estructurados, apelar multas, cuestionar decisiones y solicitar beneficios a los que consideran tener derecho.
El volumen puede crecer de manera explosiva. The Economist documentó recientemente cómo la avalancha de quejas asistidas por IA está poniendo en jaque al sistema británico de tribunales laborales: las demandas contra empleadores crecieron 39% en el último año, hasta llegar a 50.000 casos, mientras que la proporción de casos resueltos cayó. Es decir, entra más y sale menos.
Pero hay una segunda cara de esta moneda, menos triunfalista. No toda esa marea de reclamos es de calidad. Las autoridades que imponen multas de tránsito en Londres ya han detectado apelaciones redactadas con IA que citan jurisprudencia inexistente o argumentos que no resisten el menor escrutinio: las famosas alucinaciones de la IA.
La pregunta ya no es si los ciudadanos utilizarán inteligencia artificial para defender sus intereses. Ya lo están haciendo. La pregunta es si los gobiernos serán capaces de utilizarla para responder. Y aquí aparece una paradoja incómoda. La IA puede democratizar el acceso a la justicia y reducir la ventaja que históricamente han tenido quienes pueden pagar abogados, asesores y especialistas. Eso es positivo.
Pero la misma herramienta puede convertir una pequeña burocracia en una gigantesca cola digital. El Estado tendrá que enfrentarse a ciudadanos mucho más capaces de exigirle cuentas. Y eso, en principio, no debería ser una amenaza. Debería ser un incentivo para mejorar. El problema aparece cuando las instituciones no cambian. Porque entonces se produce una situación absurda: el ciudadano entra en el siglo XXI mientras el Estado sigue atrapado en el XX.
Pensemos por un momento en lo que significaría este fenómeno en Colombia. Millones de reclamos dirigidos, por ejemplo, a la EPS de turno o a cualquier ventanilla de Supersalud. Un país donde el trámite presencial y el silencio administrativo todavía son la norma tiene aún menos capacidad de absorción que el Reino Unido. Si el Estado británico, con toda su infraestructura digital, ya siente el peso de esta ola, el colombiano corre el riesgo de ahogarse en ella.
La discusión sobre inteligencia artificial suele concentrarse en los empleos que desaparecerán, las empresas que serán transformadas o los riesgos para la privacidad. Pero hay otra revolución profunda en marcha: cuando enfrentarse al Estado se vuelve barato, rápido y sencillo, habrá más ciudadanos que lo hagan.
Por eso los gobiernos tienen que prepararse. No para bloquear esas herramientas. No para dificultar las reclamaciones. Y mucho menos para proteger a la burocracia de los ciudadanos. Todo lo contrario. Deben construir administraciones capaces de responder a esa nueva sociedad. Eso significa automatizar procesos, revisar decisiones con IA, detectar reclamos fraudulentos, acelerar respuestas y eliminar trámites innecesarios. En otras palabras: el Estado también tendrá que aprender a usar el algoritmo.
Porque la próxima gran crisis de las democracias podría no ser una crisis de dinero. Podría ser una crisis de capacidad. Un Estado que tarda semanas en responder frente a un ciudadano que obtiene una respuesta en segundos no solo está perdiendo tiempo, sino autoridad. Y cuando un gobierno deja de ser capaz de responder a sus ciudadanos, la tecnología no necesariamente salva al Estado. Puede empezar a reemplazarlo.