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Hay un patrón que se repite en la Fiscalía a cargo de Luz Adriana Camargo que ya no parece poder leerse como mera coincidencia: cada vez que un fiscal avanzaba en una investigación que tocaba puntos sensibles del gobierno de Gustavo Petro o de la familia presidencial, de repente aparecía algo que lo apartaba del camino.
El primero en caer fue Mario Burgos. Era el hombre que había llevado la investigación contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito hasta el punto de lograr su llamamiento a juicio. Bastó una investigación disciplinaria en su contra por la supuesta filtración de un video a los medios, en el que hablaba Nicolás, para que la defensa lo recusara y la Fiscalía, con una celeridad que contrasta con su parsimonia habitual, le concediera la razón.
El expediente de Nicolás Petro pasó entonces a Lucy Laborde, quien contó en una entrevista publicada ayer en la revista Semana que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, le preguntó, delante del vicefiscal y de una fiscal delegada, por qué no le retiraba el delito de lavado de activos a Nicolás Petro y dejaba solo el enriquecimiento ilícito.
La reunión terminó y, según su testimonio, como se negó, empezaron a dejarla sin piso: se quedó sin un fiscal de apoyo y sin investigadores clave. La retaliación, dice ella, escaló hasta la captura de sus dos investigadores más cercanos —presentada por sus superiores como “orden de la señora fiscal general”— y culminó con su salida de la Fiscalía, sin pensión y sin explicación.
El patrón no es exclusivo del caso Nicolás Petro. Basta mirar lo ocurrido con el de alias “Papá Pitufo”, el contrabandista cuya red comprometía a oficiales de la Policía —el mismo que dio $500 millones a la campaña de Petro, de los cuales nunca apareció el supuesto video de su devolución—. El 3 de abril de 2024, en plena audiencia de imputación, el fiscal Daniel Fernando Marín tuvo que suspender la diligencia porque, según dijo a la juez, “del nivel central” le informaron que ya no seguiría con ese expediente. La orden venía del despacho recién estrenado de Camargo.
Casi un año después, en febrero de 2025, cayó el segundo fiscal del caso Pitufo, esta vez se trató de Andrés Marín, quien llevaba años tras la pista del contrabandista y tenía cuarenta personas bajo investigación. No deja de ser curioso que en ambos casos, Nicolás Petro y “Papá Pitufo”, hayan quedado en el camino no uno sino dos fiscales.
Y está, por supuesto, la otra cara de la moneda: el trato que la fiscalía de Camargo le ha dado a los casos contra Álvaro Uribe, el gran contradictor político de Petro. El de manipulación de testigos, que la Fiscalía había intentado precluir dos veces, una vez asumió Camargo dio un giro de ciento ochenta grados: llamó a juicio al exmandatario. El Tribunal Superior de Bogotá zanjó esa controversia, absolvió al expresidente y el caso está en la Corte Suprema.
Se suma la reciente movida de la Fiscalía de llamar a indagatoria a Uribe por las masacres de El Aro y La Granja. La cronología abre interrogantes: se abrió una investigación previa contra Uribe por estos hechos en el 2000 y en más de veinticinco años no hubo llamado a indagatoria. La última diligencia de fondo, una versión libre, ocurrió en noviembre de 2023. De ahí en adelante el proceso permaneció congelado hasta tres días antes de la segunda vuelta presidencial de 2026, cuando una fiscal ante la Corte Suprema llamó a indagatoria a Uribe.
Lo que queda, sumando estos episodios, no es una colección de anécdotas sueltas sino un rompecabezas que comienza a tener sentido a partir de las denuncias de la fiscal Laborde en entrevista con la revista Semana. Camargo siempre ha respondido que sus decisiones obedecen a criterios técnicos.
Conviene no olvidar cómo llegó Camargo a ese despacho. En febrero de 2024, mientras la Corte Suprema deliberaba sobre la terna que le había enviado Petro, simpatizantes del Gobierno —convocados desde la propia cuenta de X del Presidente— cercaron el Palacio de Justicia para presionar a los magistrados a elegir. No era una manifestación cualquiera: fue, en la memoria de muchos, la primera vez desde 1985 que la sede de la justicia colombiana volvía a sentirse sitiada, y probablemente el momento más crítico que ha vivido la institucionalidad del país bajo el gobierno de Petro.
Que la Fiscal elegida, meses después, haya terminado apartando sistemáticamente a los fiscales que investigan al hijo del Presidente no es un dato menor en esta historia: es, quizás, la clave que la explica.
Luz Adriana Camargo le debe al país una explicación capaz de demostrar que lo que parece un patrón, es apenas una coincidencia.