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Pasada la euforia de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella comienza la cruda realidad. El nuevo mandatario y su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, tendrán que hacer maromas para atender los billonarios gastos del Estado, con los escasos recursos que quedaron y que se irán en buena parte en pagar el festín de deuda del gobierno saliente.
El presidente Abelardo no recibió un país sino un inventario de emergencias. Como en la película La Estrategia del Caracol, en la que los inquilinos desocuparon todo y dejaron apenas una pared con un grafiti pintado a los nuevos dueños, así encuentra las finanzas el gobierno que comienza.
El diagnóstico de 62 mesas técnicas de empalme entre el gobierno entrante y la Contraloría General dejó perplejo y preocupado al nuevo gobierno. Sabíamos que la corrupción se desbordó, que la deuda creció sin control y que hubo escasa ejecución de obras, pero el informe puso los puntos sobre las íes. El vicepresidente, José Manuel Restrepo, calificó la situación de “aberrante”. Y cuando un economista de escuela recurre a ese adjetivo, es porque los números ya no alcanzan los calificativos habituales.
Esa herencia envenenada que recibe el nuevo gobierno se resume en tres grandes problemas: deudas sin pagar, obras sin terminar y gastos futuros ya comprometidos.
Las finanzas de ruina se reflejan, sobre todo, en el presupuesto de $575,6 billones que radicó el saliente ministro Germán Ávila —cerca del 31% de todo lo que produce el país en un año se tendría que ir a financiar el Estado–.
Ese presupuesto nace desfinanciado, con una tronera de $30,2 billones. Lo que el gobierno Petro pensaba recoger no alcanza para cubrir los gastos que proponía. Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y Anif, el descuadre es grave: el nuevo gobierno deberá recortar cerca de $40 billones en gastos.
Significa que a De la Espriella, apenas abriendo la puerta del gobierno, le toca buscar de urgencia recursos frescos viendo a ver quién evade impuestos, ampliando la base tributaria y poniendo punto final a miles de contratos de prestación de servicios. Son medidas impopulares que utilizará Petro para caldear ánimos y desmontarse de su responsabilidad en los líos que dejó.
Tan grande es el desbarajuste que, de $575,6 billones del presupuesto, $118 billones —el 20,5%— se irán solo en pagar el servicio de la deuda: cerca de lo que el país destina en un año, combinados, a educación y salud. Esos son $47 billones más de los que Iván Duque dejó como servicio de la deuda ($71,7 billones). El número es brutal si se tiene en cuenta que el solo pago de intereses creció 64% en cuatro años, porque pedir prestado fue el deporte favorito de Petro, endeudar a Colombia, al costo que fuera (intereses hasta del 13%) para usar esos recursos en gastos innecesarios.
El nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dijo que el déficit fiscal, es decir el descuadre entre lo que se recauda y lo que se gasta, se acerca al 8% del PIB, una cifra similar a la que se registró en pandemia. Colombia es el único país de América Latina que parece que sigue en pandemia, por la irresponsabilidad del gobierno Petro, como lo denunció el vicepresidente Restrepo.
La infraestructura es buena fotografía de esa herencia. La ejecución real durante 2025 fue de apenas 13%. Quedan proyectos inconclusos y controversias con concesionarios por cerca de $14 billones. A eso se suman elefantes blancos, obras que habrá que rescatar, por casi $54 billones, y otras calificadas como irrecuperables por cerca de $214.000 millones. Petro, como lo demostró con su paso por la alcaldía de Bogotá y como lo intentó con el Túnel del Toyo, es experto en elefantes blancos.
En minas y energía quedaron deudas superiores a $7 billones, de los cuales 2,9 billones corresponden a la empresa Air-e, que el Gobierno intervino y que entrega en una crisis más profunda de la que recibió. Se suman obligaciones no pagadas desde la pandemia con empresas de energía y gas, y subsidios pendientes para hogares de menores recursos.
Sobre la reforma agraria, el ente de control también disparó alarmas. De tres millones de hectáreas que Petro prometió entregar, meta que después redujo a 1,5 millones, solo se cumplió 9% de la promesa original, o el 18% de la rebajada: 270.000 hectáreas. La tierra prometida se quedó en promesa. Lo poco que se entregó se hizo con enormes problemas: más de 45.000 familias, equivalentes a la población de un municipio mediano, siguen sin títulos formales.
En programas sociales quedaron cuentas pendientes. En Adulto Mayor hay un faltante de $3,2 billones. A esto se suma la crisis de la salud, que según cálculos podría requerir hasta $30 billones, y la cuasi quiebra de Nueva EPS, la de mayor número de afiliados, en manos del gobierno Petro.
Existe otra tronera menos visible porque no aparece a la vista en el déficit: compras que hizo Petro con tarjeta de crédito. Esa es, en términos sencillos, la lógica de las vigencias futuras: recursos que un gobierno compromete hoy para que administraciones posteriores tengan que pagarlos. Entre ellos $30 billones destinados a la compra de armamento y aeronaves, incluidos los aviones Gripen.
Petro dejó comprometidos $197 billones en vigencias futuras, según Corficolombiana, de los cuales $51 billones le toca pagar al nuevo gobierno: la cifra más alta que un gobierno le haya heredado a su sucesor en la historia reciente.
Como los inquilinos de La estrategia del Caracol, que antes de entregar la casa la desmontaron pieza por pieza, se llevaron las tejas, los pisos, las puertas, las ventanas, los muebles, las tuberías, hasta las paredes que podían cargar. Algo parecido a como Petro entrega el país.
Esa es la dimensión del desafío que comienza para el nuevo gobierno. Después de la fiesta en materia del gasto público vendrá el guayabo del apretón. Y ya no basta con denunciar la casa que recibió: ahora tendrá que reconstruirla.