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En Colombia estamos viviendo uno de esos momentos institucionales cruciales de la historia. La próxima elección de dos nuevos magistrados de la Corte Constitucional no es un trámite más del engranaje democrático: puede llegar a convertirse en un punto de quiebre. En las manos de quienes hoy tienen el deber de elegir –la Corte Suprema y el Congreso de la República– y de los magistrados que resulten electos, está la defensa última de la democracia.
Estos dos cambios son claves. Lo que la Corte decida sobre las reformas del gobierno Petro, no es la mayor inquietud. El gran temor, de algunos sectores, es que Gustavo Petro se deje tentar por algún virus dictatorial y se invente cualquier artilugio jurídico para no dejar el poder cuando se le venza su periodo de gobierno.
En principio ese escenario suena descabellado. Gustavo Petro ha dicho que se va, que se aburre en la Casa de Nariño y es altamente probable que así lo haga. Pero también es cierto que el ruido de quedarse no es menor: “(Álvaro Leyva) siendo canciller me indicaba el camino para hacerme reelegir”, dijo hace poco el propio Petro. Si es así, ¿por qué lo escuchaba? ¿Acaso le interesaba entender cómo hacerlo? Y no deja de ser curioso que una congresista del partido de Gobierno promueva su reelección o que en sus manifestaciones siempre aparece algún cartel que la mencione.
En tiempos frágiles como estos, el país necesita una Corte Constitucional que actúe como un verdadero contrapeso. No se trata solo de revisar las reformas –la pensional esta semana; la laboral y la de la salud, después–: se trata de evitar que Colombia cruce la delgada línea entre una democracia robusta y un Estado sostenido en la arbitrariedad o, tal vez que, como ocurrió en Venezuela, finja seguir las formas de la democracia, pero no su contenido.
La reciente elección de Héctor Carvajal, defensor personal del presidente Petro, como magistrado, ha despertado un debate sobre la independencia de la Corte Constitucional y el equilibrio de poderes en Colombia. Sin embargo, el haber elegido a una persona cercana al presidente de turno, Gustavo Petro, no es nada diferente a lo que ha ocurrido en otros gobiernos. De hecho, Carvajal reemplaza a Cristina Pardo, que un día era secretaria jurídica de Juan Manuel Santos y al día siguiente se hizo magistrada. La historia de la Corte está llena de episodios donde las ternas reflejan afinidades políticas.
La estructura de elección de magistrados —con ternas enviadas por Presidencia, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y una elección final a cargo del Congreso— fue pensada por la Asamblea Constituyente para blindar la Corte frente a capturas indebidas.
Actualmente, se cuentan al menos dos magistrados estrechamente vinculados al gobierno: Vladimir Fernández, su exsecretario jurídico, y Carvajal. Sobre un tercero, Miguel Polo, hay división de opiniones. Algunos lo perciben como independiente; otros ven en su trayectoria nexos con el petrismo. A estos se suman magistrados que, sin ser cuotas políticas evidentes, han coincidido con el Gobierno en múltiples fallos: Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel, ambos con vínculos con sectores liberales.
Frente a ellos, persisten magistrados con posturas más críticas al Gobierno: José Fernando Reyes, Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses y Diana Fajardo (que debe salir en cuestión de días), quienes hasta hace poco hacían mayoría con Cristina Pardo.
Para esta Corte hay una primera prueba de fuego con el inminente debate de la reforma pensional. El magistrado Ibáñez ya presentó su ponencia y las irregularidades de forma, que tal vez serán las primeras que se debatan; y las de fondo, que vendrán después, han sido protuberantes. ¿Cómo votarán? ¿Acaso van a avalar una reforma que, según el proceso que lleva la Corte Suprema, se habría aprobado gracias al soborno que le habrían dado a los presidentes del Senado y de la Cámara?
En este contexto, adquiere enorme relevancia la selección de quienes reemplazarán a Diana Fajardo y José Fernando Reyes. La terna presentada por la Corte Suprema para el primer relevo, conformada por tres juristas de alto perfil académico, envía una señal de autonomía saludable. Y es imperativo que en septiembre, cuando se defina la otra terna, esa independencia se sostenga.
Se trata de una tarea en la que por el bien del país ojalá acierten. No dudamos que la Corte Suprema hará su mejor trabajo. La oposición no puede equivocarse, encerrándose en el miedo, y creando profecías de dictaduras que tal vez no existen pero de tanto imaginarlas se aparezcan.
Desde aquí creemos que algunos de los magistrados que hoy integran la Corte Constitucional puede que tengan tesis cercanas a las del petrismo, pero a la hora de defender la democracia no van a dudar un momento en cerrar el paso en su favor.