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Esa frase de David Racero, que ha rodado por las redes sociales y por los medios de comunicación, más que un desliz debería ser considerada como una gran vergüenza para el Pacto Histórico. Un símbolo alarmante de la desconexión entre el discurso y la práctica. Entre lo que se dice y lo que de verdad se hace.
En la conversación, que publicó el periodista Daniel Coronell, se oye a Racero dar instrucciones para contratar a una empleada: “No tiene prestaciones, no tiene nada. Un millón... y sí... toca decirle que es tiempo completo. Siete de la mañana a ocho de la noche”. Es decir, el mismo representante a la Cámara, que el pasado primero de mayo, en las marchas patrocinadas por el petrismo, se hizo pasar como el robin hood de los trabajadores; en la vida real cuando se quita el disfraz de superhéroe parece convertirse en un explotador de la clase obrera.
En la marcha del primero de mayo, Racero se tomó una foto con una camiseta estampada con la frase “sí a la consulta popular” y escribió con tono veintejuliero en X: “Unos pocos en el Congreso le dijeron no a los derechos laborales, y hoy miles de trabajadores le dicen sí a la consulta popular”.
La verdadera hipocresía política. Mientras en el mundo de las narrativas, el gobierno y Racero agitan las calles pregonando una jornada laboral de 8 horas y hasta las 6 de la tarde; en la vida real Racero impone condiciones que rozan con la esclavitud moderna.
Según el audio que se hizo público, Racero obliga a sus empleados a trabajar 78 horas a la semana, un verdadero explotador de la clase trabajadora, teniendo en cuenta que la jornada legal en el país, es de 44 horas a la semana. Es decir, quien fue presidente de la Cámara en nombre del Pacto Histórico, estaría obligando a los trabajadores a cumplir una jornada 77% más larga que la legal, sin derechos laborales y con salario indigno.
Si estuviéramos frente a un movimiento político que pusiera al país por encima de los intereses de sus miembros, el Pacto Histórico habría tenido que tomar una decisión drástica con respecto a Racero. Pero no ha pasado nada. O casi nada. El senador Wilson Arias apareció pidiendo “el derecho a la defensa y plenas garantías para el representante a la Cámara” y solo al final dijo que “acompañaba las solicitudes de investigación”, una expresión bastante diplomática para un político que se caracteriza por no ahorrar palabras fuertes.
El presidente Gustavo Petro se hizo el de la vista gorda. Publicó un mensaje en el que primero dice que “en un partido de izquierda no se hacen masacres de trabajadores”, luego escribió otras frases de antesala para después, por allá perdido, decir: “cualquier militante que no se aferre a esos principios debe ser examinado a profundidad por los comités disciplinarios”. Un mensaje difuso sin mención directa al protagonista del caso.
Racero se ha visto involucrado en otros escándalos. Apenas ayer se conocieron nuevos chats que dan indicios de su ambición sin límites. Al darse cuenta que podría quedarse con la dirección del Secop, la base de datos en la que se manejan todos los contratos públicos del país no dudó en escribir: “Todos los favores de todas las entidades”.
Como si fuera un reality, el presidente Petro parece estarse quedando con los más cuestionados: Benedetti, Peralta, Morris, Quintero y Racero. La estructura ética de su gobierno se cae a pedazos. Como si se tratara de una montaña que se derrumba, en estos tiempos de lluvia voraz.
Con la misma vehemencia con la que el petrismo ha interpelado a gobiernos anteriores, por un mínimo de coherencia y responsabilidad, debería hacerlo con Racero. Un movimiento que se dice transformador no puede justificar ni encubrir conductas que traicionan los principios del trabajo digno.
No deja de ser paradójico que la primera vez que David Racero llegó al Congreso en 2018, lo hizo por la “Lista de la Decencia”, que también lideraba Gustavo Petro. Su caso no solo compromete a un congresista; compromete la credibilidad de todo un proyecto polítasdsadsaic .