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La decisión de la Fiscalía General de la Nación de echar para atrás la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) —por presunto prevaricato por omisión en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay— es un hecho de alta gravedad institucional, no solo por el contexto del caso, sino por la figura implicada: Rodríguez no es un funcionario cualquiera, sino uno de los más antiguos y leales aliados del presidente Gustavo Petro, su mano derecha desde sus días en el Congreso y compañero de ruta en sus causas políticas.
La imputación inicial era la respuesta de una fiscal de reparto a una denuncia documentada: durante 2025, el entonces precandidato presidencial Miguel Uribe radicó más de 23 solicitudes ante la UNP para reforzar su seguridad. Pero, el Estado hizo oídos sordos y tras su asesinato, el 7 de junio de 2025, no pocos recordaban que Miguel Uribe había tenido que llegar en taxi a un evento en Cartagena. Una imagen que ha indignado profundamente al país porque contrasta con la manera como la UNP, del gobierno Petro, se ha dedicado a poner escoltas y camionetas blindadas a los que ha bautizado “gestores de paz” que son básicamente cabecillas de grupos criminales.
Se trata de una de las más crueles paradojas: el Estado dedicado a proteger a quienes todos los días atacan a los colombianos, quienes se escudan en el poder de las armas, y ese mismo Estado deja prácticamente desprotegidos a líderes que ponen en riesgo su vida para apostarle a la democracia.
La Fiscalía llegó incluso a programar la audiencia de imputación por prevaricato por omisión contra Rodríguez, pero sorpresivamente la retiró, bajo el argumento técnico de que la fiscal que la había solicitado “no tenía competencia” —porque el caso estaba asignado a un grupo de tareas especiales—. Una decisión así, en un caso de esta magnitud, no puede ser tratada como un tecnicismo inofensivo.
En un país sacudido por un crimen político como este —con la seguridad de candidatos y representantes públicos en el centro del debate público— instituciones como la Fiscalía deben estar a la altura. Retroceder en la imputación bajo una explicación burocrática, especialmente cuando el propio director de la UNP reconoció públicamente la insuficiencia del esquema de protección del senador, deja más dudas que certezas.
El comportamiento del presidente Petro tras el asesinato de Miguel Uribe ha sido, además, errático y profundamente perturbador. En lugar de liderar una respuesta institucional sólida y orientada a la verdad, optó por lanzar una lluvia de hipótesis: habló de infiltración al Estado, de mafias con sede en Dubái, de disidencias de Farc, del ELN, del negocio de las esmeraldas, de “la derecha”, del Bronx, del Clan del Golfo, y hasta acusó a su excanciller Álvaro Leyva. En menos de cuatro meses, Petro ofreció al país casi una docena de teorías distintas.
Pero eludió una pregunta central: ¿cómo es posible que un adolescente armado se acercara sin dificultad al senador Uribe Turbay mientras hablaba en la calle, sin que intervinieran escoltas o autoridades? ¿Por qué, pese a las alertas reiteradas, la protección estatal fue tan deficiente?
La respuesta que exige la sociedad no es una teoría más lanzada al viento desde la cuenta en X del Presidente. Lo que exige es la verdad, basada en investigaciones serias, responsables y libres de presiones políticas. Pero eso es precisamente lo que se pone en duda cuando la Fiscalía da marcha atrás en una imputación de tal importancia, en tiempo récord y con una explicación poco convincente.
Si Augusto Rodríguez cometió una omisión grave, debe responder ante la justicia. Si no lo hizo, también debe demostrarse con transparencia y rigor. Lo inadmisible es que una cercanía política con el presidente se convierta en un escudo que lo blinda para evitar una investigación a fondo.
Exigir responsabilidad no es sinónimo de persecución política; es requisito de un Estado democrático que honra la vida de sus ciudadanos y la integridad de sus procesos. La Fiscalía debe ahora garantizar no sólo que se reprograme la audiencia de imputación —como esperan las víctimas y sus representantes— sino que lo haga con la transparencia y seriedad que este caso demanda. .