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“Nos vieron la cara de marranos”. Con esa contundente frase el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, expresó el malestar de los 11 millones de habitantes de la costa Caribe, que esperaban que este gobierno les cumpliera la promesa de disminuir las tarifas del servicio de energía eléctrica.
Hay que recordar que la polémica exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció un Pacto por la Justicia Tarifaria para reducir el valor del servicio, cuyos resultados fueron marginales. No se logró la meta de bajar la tarifa, pero han dicho que al menos lograron que no subieran tanto.
Los usuarios ven subir el precio de la luz mes tras mes. A los pequeños comercios y empresas se les ha vuelto un lastre que, a algunos, los ha llevado a la quiebra. Las familias se quejan de que los recibos se han vuelto impagables al punto de que los hogares de escasos recursos deben destinar hasta el 65% de su ingreso para cubrir el pago, que se ha encarecido de manera exorbitante porque en la factura les cobran las pérdidas técnicas y no técnicas, es decir, la energía que se pierde por el deterioro de la infraestructura, así como la que se roban por las conexiones ilegales. Pagan justos por pecadores.
Esta es una situación que lleva años sin resolverse y que hace recordar los graves problemas con la tristemente célebre Electricaribe que terminaron en violentos disturbios contra las instalaciones de la empresa y su posterior intervención y salida del mercado.
Se pensaba que la situación mejoraría con la llegada de las empresas Afinia y Air-e, los nuevos operadores del servicio que se dividieron los departamentos de la Costa para prestar el servicio y se comprometieron a hacer inversiones por 12 billones de pesos en una década. Pero aún no se ve luz al final del túnel.
Entre otras cosas porque estas dos empresas apenas estaban arrancando cuando nos cayó la pandemia y les puso desafíos como el de postergar el cobro de los servicios, saldo que a esta altura de la historia aún no han podido recuperar.
Y las soluciones que anuncia el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, no solo no convencen a los usuarios sino que en casos como el de una nueva ley de servicios públicos generan zozobra. El funcionario habló de inversiones millonarias para las comunidades energéticas con el fin de que instalen paneles solares, la revisión de la fórmula tarifaria y de cada uno de sus componentes, y un proyecto de ley de servicios públicos para transformar el sector.
Pero no se tocaron otras propuestas que pidieron los asistentes a la reciente Cumbre Energética, como destinar recursos del presupuesto de la Nación para cubrir las pérdidas y los planes de expansión de las empresas, para que no tengan que ser asumidas por los usuarios, iniciativa que fue descartada por el gobierno que considera que estaría subsidiando a los privados.
Otra propuesta es ampliar el consumo mínimo básico o de subsistencia, que está en 173 kilovatios hora, similar al de Bogotá, a 252 kilovatio hora. No se puede comparar la situación de un habitante de la capital donde el clima es frío con uno de la costa, donde las temperaturas son muy elevadas, exigen ventiladores y aire acondicionado.
Pero en lo que tal vez pocos han reparado es en el impacto que tiene un indicador hoy cuestionado sobre la carestía de la factura de la luz. Se trata del pago del alumbrado público que se incluye también en el recibo.
Este servicio, que como hemos visto recientemente, se ha convertido en un negocio lucrativo para unos cuantos contratistas, ahora se puso peor en ciudades como Barranquilla. Allí modificaron el estatuto tributario de la ciudad en diciembre y gracias a la nueva norma se puede aumentar el alumbrado público hasta el 42% al comercio y 29% en residencias, lo cual puede encarecer mucho el recibo de Air-e.
Cabe recordar que en 12 municipios, los contratos de alumbrado público se los han ganado empresas relacionadas de una u otra manera con el mega contratista Euclides Torres, cercano al gobierno de Gustavo Petro.
Las tarifas de los servicios han subido sin duda, pero ¿qué porcentaje del aumento se debe al alumbrado público que en algunos casos han identificado pesa hasta el 30% de la factura?
El sector eléctrico sufrió una gran transformación en los últimos 30 años, lo que permitió aumentar la cobertura y prestar un servicio más eficiente. Pero el aumento de las tarifas de energía, especialmente en la costa Atlántica es un tema pendiente por resolver, que se está convirtiendo en una verdadera bomba social. Hay que enfrentarlo con medidas concretas y que tengan impacto.
Para ello se necesita fortalecer el nivel técnico de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que sigue al garete porque no se han nombrado en propiedad a sus comisionados. Esta es la hora que no se conoce la hoja de ruta de la transición energética, uno de los principales caballos de batalla del gobierno.