Luego del largo y accidentado proceso de venta de la participación de la Nación en Isagén (57,61 por ciento), mañana miércoles 13 de enero se realizará la subasta en la que, al final, solo participará una empresa, que fue la que presentó las pólizas exigidas para hacer parte de la puja.
Ella es la firma canadiense Brookfield Asset Management (BAM), ante el retiro de la chilena Colbún.
La empresa canadiense es propiedad de un grupo internacional dedicado a la administración de activos que lleva más de 100 años trabajando en el sector eléctrico mundial. Su principal presencia la tiene en Canadá, aunque también opera en otros países, como Estados Unidos y Brasil.
Colbún justificó su retiro por nuevos plazos exigidos y también por el aumento del precio total mínimo de la generadora.
Con el ajuste realizado por el Gobierno al precio de la acción, con la venta de Isagén se esperan captar recursos por cerca de 6,4 billones de pesos.
Sin embargo, la empresa que la adquiera deberá destinar al menos otros 3,3 billones para concluir la operación pues, según el reglamento de venta, la nueva propietaria tendrá que hacer una oferta a los accionistas minoritarios por sus acciones.
La venta de uno de los principales activos de la Nación ha generado un gran debate sobre la conveniencia de entregar la operación del sistema eléctrico al sector privado y en el caso particular de Isagén a una empresa extranjera.
La realidad es que el sector eléctrico está debidamente regulado y para ello se cuenta con un órgano rector, la Creg, que ejerce su función para garantizarle al país la adecuada operación del sistema.
Por tanto, quien se quede con Isagén no será una rueda suelta que actúa autónomamente, sino que tendrá que someterse y cumplir con las normas y las exigencias de la regulación establecida, como lo hacen los operadores públicos, como es el caso de EPM.
Por tanto, en el modelo que el país adoptó de tiempo atrás, la denominada soberanía energética reposa en la capacidad de regulación que se tenga. Ello pone de presente la importancia que representa contar con una regulación eficaz y con un ente regulador capaz.
Como lo muestran diversas evaluaciones nacionales e internacionales, la infraestructura constituye el factor que más limita la competitividad y la mayor productividad del país. El gran atraso que se tiene en esta materia frena la generación de oportunidades y el progreso general. Ello hace valioso que el país invierta en la modernización de su infraestructura.
En este orden de ideas, resulta pertinente el propósito gubernamental de dedicar los recursos provenientes de la venta de Isagén para apalancar el desarrollo de la infraestructura y especialmente para asegurar la continuidad del programa de las concesiones viales de 4G, de las que hacen parte las Autopistas de la Prosperidad.
El estudio realizado por las Universidades de Antioquia y Bolivariana sobre los importantes beneficios que las señaladas Autopistas representan para Antioquia y el país, avala la idea de priorizar la inversión pública en infraestructura.
Lo importante en este caso es que el Gobierno actúe con total transparencia, de tal forma que no quede manto de duda, como lo sugirió en su momento el Vicepresidente de la República, de que parte de los recursos se destinen a cubrir los afanes fiscales que se tienen.
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