Desde el momento mismo en que el Gobierno Nacional anunció el proceso de venta de su mayoría accionaria en Isagén (57,61 %), el Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM) inició un proceso de estudio interno para decidir qué hacer, teniendo en cuenta que era -y aún lo es- propietario de un paquete del 13,14 % de las acciones.
En primera instancia, consideró la posibilidad de asociarse con otro oferente para comprar la mayoría. Al final no pudo ser, por el retiro de algunos de los posibles socios antes de la venta, y por los límites que la regulación energética impone a las empresas intervinientes en el mercado de energía.
La decisión entonces, segundo semestre de 2014, fue que si se producía la venta del control accionario estatal de Isagén, EPM también debería vender su parte. Los mismos argumentos siguen vigentes, producido ya como hecho cumplido la venta de dicho paquete por parte del Estado.
La resistencia a esa venta sigue todavía, y las objeciones, dudas y cuestionamientos al Gobierno Nacional no se apagarán. Pero ya la enajenación se produjo. Y EPM deberá ejecutar un plan realista, atendiendo a lo que pasa, no a lo que pudo ser y no fue.
Según la legislación vigente, para vender ese 13,14 % de Isagén, EPM requiere autorización previa del Concejo de Medellín. Aparte de los mandatos de su junta directiva, esta empresa pública tiene que someter este tipo de decisiones a otra “junta”, la constituida por 21 concejales. Podrá discutirse la conveniencia o no de este procedimiento, pero es el que está establecido en la ley vigente y hay que acatarlo.
En esas condiciones, el alcalde de Medellín sometió a estudio del Concejo el proyecto de Acuerdo N° 004 de 2016, que autoriza a EPM la venta de sus acciones en Isagén. En un primer debate en la Comisión Primera del Concejo, cuatro corporados votaron en contra, y tres a favor. En primera instancia, pues, el Concejo negó la venta de esas acciones.
Los cuatro concejales que formularon voto negativo están en su derecho. En un sistema democrático hay que aceptar el voto contrario de un representante popular. Voto que debe, por supuesto, basarse en argumentos sustentados por quien lo formula.
Ahora se abre paso un procedimiento para que el resto de concejales también puedan pronunciarse. EPM no debe dar por descontada adhesión ni obedecimiento, algo a lo que quizás se había acostumbrado. Es bueno que abra, también frente a la sociedad, espacios a la claridad en sus decisiones y proyectos.
Esta vez, a nuestro juicio, y guardando coherencia con lo expresado en este espacio desde 2014, consideramos que hay suficientes argumentos para autorizar la venta: de no hacerse ahora en las condiciones de la Oferta Pública de Adquisición Voluntaria (OPAV) que deberá abrir Brookfield, no será fácil que luego EPM pueda vender al actual precio de $ 4.130 por acción.
El tiempo apremia. No por culpa de EPM, sino por los cronogramas ejecutados por el Gobierno y por los plazos legales. Hay una primera condición y es que el paquete de EPM debe ofrecerse al llamado sector solidario y luego al público en general. Pero el precio fijado de $ 4.130 (el más alto de los promedios históricos de esa acción) no será permanente.
El Concejo tiene la palabra. El destino que EPM haga de estos recursos, también deberá ser motivo de deliberación y, por nuestra parte, objeto de otro análisis posterior.
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