Con un patrimonio de 67 millones de pesos, el 6 de agosto de 1955 nacieron las Empresas Públicas de Medellín (EPM), gracias a que visionarios de ese entonces juntaron, en una sola entidad, los servicios de acueducto, alcantarillado y energía de la ciudad.
Las EPM fueron creadas como un ente autónomo desde el punto de vista técnico y patrimonial. Desde esa primera partida, el Municipio jamás les volvió a dar un peso y lo que hoy son lo han producido y multiplicado ellas mismas.
En ese entonces Medellín contaba con 500.000 habitantes, de los cuales 75.517 eran suscriptores del servicio de energía, 59.000 de acueducto y 25.769 de telefonía fija.
Hoy las EPM son una multilatina, con presencia en Colombia, Panamá, El Salvador, Guatemala, Chile y México. En estos prestan servicios a 20 millones de clientes o usuarios, atendidos por intermedio de 48 empresas y 40.000 empleados. Su meta a 2022 es generar 16.000 millones de dólares en ingresos, con la mitad de operaciones en el extranjero. El año pasado le transfirieron a Medellín cerca de un billón de pesos.
Hoy son líderes en servicios públicos en Colombia, cuentan con activos por 30,2 billones de pesos y un patrimonio de 17,78 billones de pesos.
Sus extraordinarios logros económicos y de gran impacto social hacen del Grupo EPM una suerte de milagro y uno de los ejemplos mundiales de transparencia y eficiencia, si se tiene en cuenta que su único dueño es un municipio, en uno de los países más corruptos del planeta.
Cómo se logró. En buena parte por la premisa perenne que puso su primer gerente, Óscar Baquero, para alejar los apetitos políticos de la “joya de la corona” de Medellín: “En las Empresas solo el acierto, el rendimiento y la honestidad serán tenidos en cuenta para progresar en serio”.
De todas formas no hay que llamarse a engaños y si las EPM están donde están ha sido gracias a la capacidad de la sociedad en su conjunto de protegerlas de los apetitos y cálculos politiqueros.
Vale recordar el año 1975, cuando un Concejo que elegía junta directiva, decidió congelar las tarifas por cinco años, en una decisión politiquera, la cual coincidió con un gran endeudamiento de la entidad que en ese momento trabajaba en la construcción de la central de Guatapé y en la que había que prestar plata para pagar la nómina.
En 1995 la Administración Municipal de ese entonces se lanzó con un plan de privatización, el cual fue ampliamente debatido y derrotado. Qué tal la crisis de los años 2001-2003 cuando tuvo tres gerentes en una sola Alcaldía y se intentó vulnerar su autonomía y transparencia con cálculos políticos y escándalos como el de la vajilla de los cien millones de pesos.
También chocó con la muralla ciudadana la Propuesta de transformación 2005-2015, largamente debatida por sus visos privatizadores.
Si bien el control social ha tenido la clave como protagonista del actual presente de prosperidad de las EPM seguramente ya no es suficiente por su enorme crecimiento y la complejidad de sus negocios en el país y exterior, los mismos que escapan a la comprensión del ciudadano del común y, a veces, hasta del mismo Concejo.
Por ello hay que pensar y repensar en nuevos métodos de control ciudadano y centros de investigación o veedores profesionales que garanticen que lo que se hace en el país o el exterior sea lo mejor para el futuro del EPM y la ciudad.
Mantener la calidad de los servicios, impactar el desarrollo de las comunidades, proteger el medio ambiente y participar con mayor énfasis de futuro en todas las regiones del departamento deben ser estrategias de unas EPM que son nuestro gran orgullo.
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