Cuarenta días de paro de transportadores, o paro de camioneros, con las carreteras bloqueadas, la distribución de alimentos reducida, el suministro de bienes necesarios para la industria cortado, están poniendo a prueba de manera muy seria no solo la economía nacional, sino la capacidad del Gobierno de ejercer autoridad y mostrar que aún tiene control sobre los resortes legales del mantenimiento del orden público en todo el territorio nacional.
La gente se pregunta las razones por las cuales hay paros de transportadores casi cada año. Cuáles motivos existen para que nunca pueda llegarse a acuerdos que cierren de manera satisfactoria las reivindicaciones de los transportadores, por un lado, y la capacidad de concesiones por parte del Gobierno, por otro.
El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, quien lleva en el cargo 69 días y de ellos 40 días con el paro a cuestas, insiste en que hay que lograr un acuerdo razonable para que pueda ser cumplido, y no haya que cambiarlo luego por debajo de la mesa. Dice que su propósito es que el costo de la canasta familiar no se incremente. Sin embargo, el costo de los alimentos está disparado. Según afirmó ayer el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, en este departamento se está pagando más de un 70 % adicional en los productos agrícolas.
Hace muchos días esta movilización dejó de ser una protesta reivindicativa para pasar a la abierta violación de derechos fundamentales de los ciudadanos. Todo ello agravado por las fundadas sospechas de que detrás se mueven intereses particulares de un dirigente camionero. La exministra de Transporte Cecilia Álvarez, afirmó que tras bambalinas del paro hay una mafia que lleva años lucrándose con los dineros pagados por el Estado en procesos de chatarrización en los que hay toda clase de fraudes.
Día a día se reporta la escasez en las poblaciones, la afectación a cientos de empresas y productores de varios departamentos que se ven privados de uno de los motores esenciales de la cadena comercial, como es el transporte. Igualmente, la violencia contra los camiones que sí quieren trabajar, con acciones delictivas como la incineración de camiones y tractomulas, genera zozobra y graves daños económicos.
Por eso las medidas tomadas ayer por el Gobierno, aunque tardías, son necesarias, proporcionales además a los daños causados. Habrá incautación de bienes y revocación de licencias de conducir a quienes bloqueen las vías. No son medidas encaminadas a criminalizar la protesta social, pues lo que se sanciona no es la protesta sino las actuaciones ilegales de algunos de los participantes en el paro o de otros actores interesados en agudizar el caos en las carreteras.
Los instrumentos legales permiten a las autoridades tomar las medidas coercitivas necesarias para evitar la afectación de los derechos de los colombianos. Los costos económicos de este paro son incalculables. Miles de empresarios acumulan enormes pérdidas. Por eso es de esperar que las sanciones impuestas no sean luego objeto de negociación, objeto de transacciones para su anulación a cambio de que los promotores del paro permitan a los ciudadanos ejercer su derecho fundamental a la libre circulación y a la actividad económica libre de sabotajes y chantajes.
