Que Plaza Mayor, el centro de eventos y servicios del cual son socios, entre otros, el Municipio de Medellín y la Gobernación de Antioquia, necesita un viraje y una profunda revisión, quedó clarísimo luego del debate de control político adelantado antier en el Concejo de Medellín.
De ello son conscientes tanto el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como el ejecutivo a quien encomendó gerenciar este nuevo proceso, Juan David Pérez Ortiz. Ojalá este tenga el compromiso y acompañamiento de su propio equipo, como de la junta directiva, que deberá asumir un papel más activo que el que cumplió en el cuatrienio pasado.
Este periódico ha desarrollado una amplia investigación, no exenta de dificultades, para documentar casos que muestran anomalías y profundas distorsiones de los contratos que debían llevar a cabo la misión de esa sociedad de economía mixta.
En buena hora algunos concejales de la ciudad retomaron el tema para hacer un ejercicio de control político. Pidieron explicaciones, revisaron documentación y dieron oportunidad al nuevo gerente para referirse a los cuestionarios enviados previamente.
El nuevo gerente, por supuesto, no puede ofrecer mayor documentación que la que encontró disponible en la entidad, ni comprometerse, por ahora, con juicios de responsabilidad sobre actuaciones ejecutadas por funcionarios o contratistas que obedecían a instrucciones de los anteriores ejecutivos de la entidad.
Lo que sí podrá hacer es reportar todos los hallazgos y remitirlos a los entes de control, y realizar los procesos de cambio que anunció ante los concejales. En paralelo, ya se contrató una auditoría externa con la firma Ernst & Young.
Del papel de los entes de control hay que hacer examen. Que mostrará el alarmante nivel de pasividad durante la administración pasada. En la presentación que en el debate hizo la nueva contralora de Medellín, Patricia Bonilla, sobre las diligencias adelantadas por los anteriores responsables del ente, pudo verse con claridad cómo las actuaciones se activaban en la medida en que este periódico publicaba sus informes sobre las presuntas irregularidades en Plaza Mayor.
Es satisfactorio que la prensa cumpla su labor, pues es el compromiso asumido con los lectores. Pero es desalentador que quede en evidencia que las entidades encargadas del control disciplinario y fiscal se regodean en la pasividad y la incuria.
El representante de la Personería manifestó durante el debate que esa entidad no es competente para ejercer el poder disciplinario sobre los funcionarios incursos en posibles irregularidades, pues este corresponde, a su juicio, a la Procuraduría Provincial.
La Fiscalía, por su parte, deberá investigar si, como lo aseguró el concejal citante, Bernardo Alejandro Guerra, en Plaza Mayor hubo corrupción y enriquecimiento ilícito con fondos públicos por parte de funcionarios a los que identificó con nombre propio.
Y no se pueden dejar pasar algunas referencias de otros concejales, en el sentido de que debates e informaciones como estas, le “hacen daño” a Plaza Mayor y a Medellín. Es una posición equivocada, que no se explica ni siquiera por sus afinidades políticas con la anterior gerencia. No se hace daño al investigar, al controlar, ni al exigir cuentas. Se hace daño al no cumplir con la misión encomendada, alejándose de los principios éticos y de los mandatos legales.
