El proceso contra Álvaro Uribe

Sea que lo siga investigando la Corte o lo haga la Fiscalía, el trabajo tiene que ser imparcial. Su retiro del Senado priva a un amplio sector de la sociedad de su representante ante las instituciones del Estado.

26 de julio de 2018

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Tanto el llamado a indagatoria de una sala de la Corte Suprema de Justicia, como la posterior renuncia a su curul en el Senado por parte del expresidente Álvaro Uribe, son dos hechos de profundas consecuencias, políticas y jurídicas. Las políticas son forzosas e inevitables, cuya hondura puede afectar el trámite mismo del expediente que se le sigue al expresidente en la Corte Suprema, y del que se espera –derecho irrenunciable no solo del investigado, sino de la sociedad– un examen estrictamente jurídico, apegado al derecho y al debido proceso.

La decisión de llamar a indagatoria al expresidente la toma una Sala de Instrucción. No es la Sala Penal. Y lo hace dentro del período de investigación. El expresidente ni ha sido acusado ni menos llamado a juicio. Con la entrada en vigencia de la reforma constitucional de enero de este año, las personas con fuero, como los senadores, son investigados por una Sala de Instrucción, que de encontrar mérito para acusar por la comisión de delitos, lo hará...

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