Sea que lo siga investigando la Corte o lo haga la Fiscalía, el trabajo tiene que ser imparcial. Su retiro del Senado priva a un amplio sector de la sociedad de su representante ante las instituciones del Estado.
26 de julio de 2018
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Tanto el llamado a indagatoria de una sala de la Corte Suprema de Justicia, como la posterior renuncia a su curul en el Senado por parte del expresidente Álvaro Uribe, son dos hechos de profundas consecuencias, políticas y jurídicas. Las políticas son forzosas e inevitables, cuya hondura puede afectar el trámite mismo del expediente que se le sigue al expresidente en la Corte Suprema, y del que se espera –derecho irrenunciable no solo del investigado, sino de la sociedad– un examen estrictamente jurídico, apegado al derecho y al debido proceso.
La decisión de llamar a indagatoria al expresidente la toma una Sala de Instrucción. No es la Sala Penal. Y lo hace dentro del período de investigación. El expresidente ni ha sido acusado ni menos llamado...