Que un político que ha ocupado sucesivamente diversos cargos de representación, y que despliega formas de comportamiento dirigidas a hacer alarde del poder que ostenta, decida construir sin las licencias respectivas un centro de eventos en una zona campestre, afectando derechos de vecindad, podrá parecer a muchos un simple pecado venial, algo sin trascendencia, que le evita dar mayores explicaciones ante la sociedad.
Carlos Mario Montoya Serna, quien es el actual director de Planeación de Antioquia, decidió en 2014, como inversionista particular, construir el Centro de Eventos Los Magnolios, en Rionegro. Según certificación oficial de la Alcaldía de ese municipio, no tramitó las licencias necesarias, y la empresa no aparece inscrita en el registro de contribuyentes. Es decir, alguien deberá aclarar si ha pagado y paga ahora los impuestos derivados de su actividad comercial.
Al momento de hacer las obras, el inversionista se desempeñaba como director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Ejercía funciones públicas que no le impedían ejecutar negocios particulares como este. Pero le demandaban, sí, el decoro de cumplir, como se supone que tiene que hacerlo todo ciudadano, las normas legales vigentes para la clase de negocio que quería desarrollar.
Se presenta aquí una de las aristas que suelen omitirse en estos casos: los vecinos de la zona, ciudadanos ellos que se consideran afectados en sus derechos y que han buscado en vano el amparo de las autoridades, llevan meses denunciando irregularidades.
Se han visto cara a cara con uno de los aspectos más oscuros del ejercicio del poder político en este país: la convicción absoluta de quienes temporalmente ocupan algún cargo, alto o mediano, de que no están cobijados por ninguna norma, ni legal ni ética. La prepotencia o desfachatez de quienes llevan el “¿Usted no sabe quién soy yo”? marcado en el código genético del ejercicio burocrático.
Contactado por este periódico para contrastar las versiones y los documentos, el funcionario Montoya Serna mandó a decir con un subordinado que por qué lo llamaban, pues él “no tiene absolutamente nada qué ver con ese asunto”.
Confrontado con los documentos y las certificaciones de la Alcaldía de Rionegro, el actual director de Planeación Departamental prefirió insistir luego en que él no había hecho una construcción nueva, sino que ejecutó simples “reformas”. Los lectores tuvieron ante sus ojos las fotografías comparativas en nuestra edición del pasado lunes, 18 de julio. Despreciar la inteligencia de la gente también es vicio recurrente de quienes creen que un cargo público los exime del simple sentido común.
Dice además el funcionario que “pregunte cuántos centros de eventos más hay en la región. Ninguno tiene licencia”. Alguien debería explicarle que el incumplimiento de otros no justifica el suyo, menos cuando se espera de él un comportamiento más exigente que el de los particulares. La ejemplaridad pública de los políticos no es un cuento de cartilla de urbanidad.
Es lamentable que un ambiente generalizado de laxitud que pasa por alto comportamientos como este, anime a la inobservancia de las leyes. Quizás no sea realista esperar consecuencias en este caso específico, pues siempre podrán acudir a la disculpa de que estos hechos no tienen nada qué ver con su actual cargo público. Lo que queda de esto es la constatación de un talante, de una forma de concebir el ejercicio del poder, el acople a un clima moral que subordina el respeto a la comunidad ante el abuso de autoridad.
