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Mientras Colombia todavía remueve los escombros del terremoto, otra emergencia comienza a dibujarse frente a nuestros ojos. La diferencia es que esta no llegará sin avisar.
Los incendios de los últimos días son una primera señal. En Tolima las llamas han afectado más de 10.000 hectáreas. En Antioquia, solo en agosto, ya se han registrado 12 incendios forestales. En el Oriente antioqueño se han contabilizado 23 desde que comenzaron las condiciones asociadas con El Niño, y el país tiene 340 municipios en alerta roja por incendios. Este fin de semana, helicópteros Black Hawk tuvieron que entrar en acción para combatir las llamas en Antioquia y ayer el gobernador Andrés Julián Rendón anunció una recompensa de $500 millones para encontrar a los responsables del incendio que afecta a Abejorral. Un día antes, en Medellín, las cámaras habían grabado a un hombre provocando un incendio forestal en Las Palmas; fue capturado.
Hay desastres, a diferencia de los terremotos, que tienen la cortesía de anunciarse con meses de anticipación. El fenómeno de El Niño es uno de ellos.
El Niño suele significar menos lluvias en buena parte del territorio, temperaturas más altas, disminución de los caudales de los ríos, incendios forestales, afectaciones a los cultivos, presión sobre los acueductos y, quizás lo más delicado, menores aportes a los embalses de un país que todavía depende considerablemente del agua para producir electricidad. Y las noticias no son tranquilizadoras. Los modelos internacionales están advirtiendo que el calentamiento de las aguas del Pacífico avanza con una intensidad excepcional. El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos calcula en más del 90% la probabilidad de que hacia finales de este año tengamos un Niño “muy fuerte” para el trimestre de octubre a diciembre y en 69% la posibilidad de que alcance niveles históricos.
El Ideam acaba de advertir lo mismo: que El Niño puede alcanzar una intensidad “muy fuerte” y extenderse hasta comienzos de 2027. Lo preocupante es que los mayores impactos se esperan hacia finales de este año y comienzos del próximo. Es decir, estamos viendo incendios importantes cuando todavía no hemos llegado al tramo más difícil del fenómeno. La ciencia nos está regalando tiempo. Colombia debería utilizarlo. El gobierno de Abelardo de la Espriella debería convertir desde ahora la preparación para El Niño en una prioridad nacional.
En 1992, la combinación de una fuerte sequía con graves errores de planeación y manejo del sistema eléctrico terminó en el famoso apagón. El Niño de 2015-2016 volvió a llevar el sistema energético al límite, aunque esta vez Colombia consiguió evitar un racionamiento generalizado. Y el episodio de 2023-2024 dejó otra advertencia inquietante: aunque fue meteorológicamente menos intenso, produjo una afectación hídrica tan seria que Bogotá tuvo que someterse durante un año al racionamiento de agua.
Es decir, la intensidad del fenómeno importa, pero también importa, y mucho, cómo encuentre al país cuando llegue.
Lo primero es proteger las reservas de agua. Cada metro cúbico que pueda conservarse los próximos meses será una cuenta de ahorros para atravesar la temporada seca. Eso exige una administración especialmente prudente de los embalses, monitoreo permanente de niveles y coordinación entre autoridades ambientales, empresas de energía y operadores del sistema.
Lo segundo es blindar la generación eléctrica. Cerca del 70% de la electricidad colombiana depende de fuentes hidráulicas, de modo que una sequía prolongada reduce el combustible natural de buena parte del sistema. Expertos han advertido que los embalses deberían llegar aproximadamente al 80% antes del periodo más crítico para disminuir los riesgos.
El país debe revisar desde ya la disponibilidad real de las plantas térmicas, asegurar el gas y los combustibles necesarios para operarlas, anticipar mantenimientos y comprobar que las líneas de transmisión estén preparadas para responder bajo condiciones extremas.
En un sistema eléctrico, esperar a que los embalses estén vacíos para preguntarse cómo producir energía equivale a comprar el extintor cuando la casa ya está ardiendo.
El tercer frente está precisamente en los incendios. Lo ocurrido estos días debería servir como simulacro de lo que puede venir. Hay que reforzar cuerpos de bomberos y brigadas forestales, disponer recursos para equipos, vehículos y aeronaves y mejorar la detección temprana de puntos de calor.
El cuarto frente es el campo. Menos agua significa menos pastos, menores rendimientos agrícolas, dificultades para el ganado y eventualmente mayores precios de los alimentos. El Niño puede poner en riesgo ocho de las diez principales exportaciones agrícolas colombianas y estimaciones conocidas en julio calculaban en hasta $12,7 billones los recursos de la economía que podrían estar expuestos.
Finalmente está la responsabilidad ciudadana. Ahorrar agua y electricidad cuando comienza el racionamiento sirve, pero hacerlo meses antes sirve mucho más. El Ministerio de Agricultura debería tener desde ahora un mapa de los cultivos y regiones más vulnerables, acelerar pequeños distritos y sistemas de riego, promover almacenamiento de agua, seguros agropecuarios y líneas de crédito, y acompañar a los productores en decisiones tan básicas como ajustar calendarios de siembra.
Dos emergencias simultáneas significan una presión enorme sobre las finanzas públicas y sobre la capacidad institucional de un gobierno que apenas comienza. Por eso la prevención no puede ser un capítulo secundario de la agenda nacional.
Al nuevo gobierno le corresponde ahora algo más difícil que hacer anuncios: revisar qué está realmente preparado, qué recursos existen, qué planes funcionan y qué falta ejecutar.