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Escuchemos con atención el clamor del Meta, pues como vamos, y ojalá no sea así, este podría pronto convertirse en el clamor de toda Colombia. Lo que está pasando en algunos de sus municipios es un campanazo de alarma para todo el país.
En efecto, en las últimas semanas hemos oído al gobernador de este departamento, Juan Guillermo Zuluaga, llamar la atención de manera casi desesperada por la situación que está viviendo su departamento por cuenta del creciente poderío de las disidencias de las Farc. “Estamos ad portas de volver a los peores años de la guerra”, exclamó el gobernador recientemente ante los medios de comunicación, mientras se conocían noticias de otro hecho de violencia, un atentado con explosivos en el municipio de Granada.
En sus declaraciones el gobernador Zuluaga ha relatado cómo este grupo, que empezó como una pequeña disidencia comandada por el abatido Gentil Duarte, quien tenía como segundo a bordo al llamado “Iván Mordisco”, fue extendiendo su poder mediante el dominio de corredores que recorren los departamentos del Meta, el Guaviare y el Caquetá.
Particularmente grave es la situación del sur del departamento, en municipios como Mesetas, Vista Hermosa, Macarena y Uribe. Esos municipios, que hace veinticinco años integraron la zona de distensión (junto con san Vicente del Caguán, Caquetá), son hoy en la práctica territorio perdido para el Estado colombiano: allí no impera la jurisdicción de la República de Colombia, o lo hace de manera puramente nominal: el control real y efectivo de estos territorios está en manos de estas disidencias. Y lo está también en los municipios limítrofes de los departamentos de Guaviare y Caquetá.
Allí, como ha explicado el gobernador del departamento, esta disidencia usa una máscara política para lo que es su verdadera actividad: el control de negocios ilícitos varios, principalmente el narcotráfico y la extorsión. Razón tenía el académico Eduardo Pizarro cuando afirmaba, en charla reciente que está disponible en YouTube (El modelo de paz total del gobierno Petro es la improvisación), que al contrario de lo que dicen los mitos, la violencia en Colombia no está asociada con la pobreza sino con la riqueza: con la riqueza que emerge de esas fuentes de dinero ilícito.
Ahora bien: si en las zonas interiores o andinas del país creemos que este no es un problema nuestro, sino que es problema de la gente del llano y de la selva, estamos muy equivocados.
Como hemos podido ver en numerosos acontecimientos recientes, las disidencias de las Farc, tanto las de “Iván Mordisco” como las llamadas “Segunda Marquetalia” extienden sus tentáculos mucho más allá de las zonas que miramos como apartadas.
De hecho, las de “Mordisco”, a través de una red de alianzas, tienen corredores que se extienden por todo el sur del país llegando hasta la costa pacífica. En particular es grave la situación del departamento del Cauca, donde las disidencias ejercen niveles de control casi total en muchas zonas, y en las que no, viven en guerra permanente con otros grupos como el Eln, guerra en medio de la cual están las veredas, las viviendas, las escuelas, la gente.
Y como si esto fuera poco, ha sido el propio gobernador del Meta quien confirmó que, por cuenta de informaciones recibidas de pobladores de la zona, puede afirmarse que es verdad que las disidencias están empezando a penetrar la zona del Sumapaz, que es la que une a los llanos con la capital de la República.
Esta inadmisible pérdida de soberanía, esta entrega del país a la delincuencia organizada, ocurre en el marco de una especie de indiferencia total de parte del gobierno nacional. Una indiferencia complaciente que a veces parece complicidad.
En el marco de la iniciativa de “paz total”, la línea del gobierno ha sido darles a las disidencias de “Mordisco” todo lo que ellas quieran, y complacerlas en todas sus pretensiones. ¿Que quieren ser reconocidas como organización política? Inmediatamente. ¿Que quieren que se les reconozca como continuidad de las Farc?¡ Ni que estuviéramos bravos! Es más, el propio gobierno, en violación sustancial de los acuerdos suscritos entre el Estado y la guerrilla en 2016 que declaraban extintas a las Farc, es quien usa la expresión “estado mayor central de las Farc” para referirse a esta disidencia.
Terminamos con una pregunta: ¿acaso no son colombianos los habitantes del Meta? ¿Los del Guaviare y Caquetá? ¿Los del Cauca, o de cualquiera de las zonas donde estas disidencias están presentes? Recordémosle al gobierno que su principal deber, por encima de cualquier otro, es proteger a todos los colombianos ejerciendo soberanía en todo el territorio.