viernes
8 y 2
8 y 2
El juego de la Cidh
25 de febrero de 2022
bookmark
Lo que no le queda bien al alcalde es graduarse de víctima de una persecución política cuando, por el contrario, es él mismo quien ha acosado e instigado a la oposición.
El viaje del alcalde de Medellín Daniel Quintero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para denunciar supuestas amenazas en contra de su vida dejó a muchos extrañados. Incluidas las autoridades de Policía, que le dijeron a este diario que no conocían de ninguna amenaza en su contra.
Lo primero que sorprende es que el propio Quintero no ha radicado denuncia alguna en Colombia. Es la mínima obligación que tiene un ciudadano, ante cualquier delito, para que se investigue su origen y se pueda esclarecer lo ocurrido. Y aún más si se trata, como él, de un mandatario que se propone llevar su caso ante una comisión internacional.
Pero, como si eso fuera poco, para sustentar su caso Quintero hizo un recuento del recrudecimiento de la violencia en Colombia y, con cifras de Indepaz, habló de los asesinatos de líderes sociales desde el año 2020. ¿Acaso Quintero se considera un líder social en riesgo? No deja de tener un toque de crueldad la comparación.
El alcalde también fue a la Cidh a denunciar una presunta vulneración de sus derechos políticos, con el argumento de que, en el proceso de revocatoria de su mandato, el Estado colombiano no le está garantizando su defensa y la libertad de expresión.
Es cierto que todo el mundo tiene derecho a presentar las quejas y reclamos que considere, y así lo permite el mismo reglamento de la Cidh. Lo que no le queda bien al alcalde es graduarse de víctima de una persecución política cuando, por el contrario, es él mismo quien ha acosado e instigado a la oposición y ha creado enemigos en todos los sectores para posicionar un discurso populista que divide a la ciudad y que le hace daño a la institucionalidad.
Ni mucho menos le queda bien decir que se siente perseguido porque está siendo objeto de un proceso de revocatoria del mandato, un mecanismo democrático de participación ciudadana consagrado en la Constitución Política, y que él se ha encargado de torpedear desde el punto de vista jurídico y mediático.
Precisamente, por esas presiones y por hablar de más en sus redes sociales, la Procuraduría le recordó no solo al mandatario, sino también a su equipo de gobierno y a los funcionarios en general de la Alcaldía, que está prohibida la participación en política. Y, ante la gravedad de las denuncias documentadas por medios de comunicación, por la veeduría Todos por Medellín y por algunos concejales de la ciudad, el ministerio público pasó de la advertencia al inicio de una investigación disciplinaria para determinar si hubo o no una conducta irregular, lo que hasta hoy es solo el inicio del proceso. No hay cosa juzgada como para que diga que hay persecución.
Ojalá de verdad la Cidh ponga los ojos sobre el proceso de revocatoria y sobre todo lo que está ocurriendo en Medellín. Ojalá, por ejemplo, examine hasta qué punto la Alcaldía ejerció presiones a contratistas, como se denunció en su momento, con reuniones para “motivarlos” a denunciar situaciones irregulares con las firmas, intentos que finalmente no prosperaron porque la Registraduría Nacional validó en tres oportunidades el cumplimiento de 132.547 firmas, que resultaron más que suficientes para seguir adelante con la revocatoria.
Es evidente que Quintero está muy asustado con la posibilidad de que las investigaciones en su contra avancen o, incluso, llegue a las urnas la revocatoria de su mandato. Y por eso quiere tratar de conseguir un nuevo blindaje. Viajó a hacer lobby y a tratar de conquistar aliados que le puedan ser útiles más adelante. No deja de ser una triste paradoja: que una persona como él, señalado de decenas de actos irregulares, logre con su narrrativa escamparse al abrigo de un organismo defensor de derechos humanos como es la Cidh.
Escribía Marx que “la historia suele repetirse: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa”
