Diecisiete años después de su renuncia a la Presidencia del Perú, Alberto Fujimori sigue siendo el gran factor de división de la sociedad en su país.
Ejerció el cargo durante dos mandatos. Luego del primero de ellos, donde pasó de ser un desconocido ingeniero agrónomo, solitario candidato y sorpresivo triunfador contra Mario Vargas Llosa, fue reelegido en 1995 por amplias mayorías. Había logrado una recuperación económica y dejó al borde de la extinción al grupo terrorista sendero Luminoso, una agrupación de extremistas de exacerbado instinto criminal que tenía en jaque a la institucionalidad peruana.
Sin embargo, su segunda administración, devorada por la corrupción, los abusos de poder, las violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, la nefasta influencia del jefe de los servicios de inteligencia, Vladimiro Montesinos, quien corrompió a prácticamente toda la clase política peruana, empujaron a Fujimori a renunciar vía fax desde Japón, adonde viajó buscando eludir las responsabilidades judiciales que ya se le venían encima.
En paralelo al repudio de buena parte de la opinión pública, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y a la vergüenza que para el Perú significó el destape paulatino de los desafueros del régimen Fujimori-Montesinos, se manifestaba también una corriente política que no escondía su adhesión a las políticas ejecutadas por el exmandatario. Corriente que no solo se mantuvo, sino que en las elecciones presidenciales del año pasado, en cabeza de Keiko Fujimori, estuvo a punto de regresar a la Presidencia. No obtuvieron el poder Ejecutivo, pero sí el control del Legislativo. Sus mayorías en el Congreso tienen al actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, en situación de ingobernabilidad y, finalmente, empujaron a que el jefe de Estado cediera e incumpliera una de sus promesas de campaña: que no indultaría a Alberto Fujimori.
Lo indultó en la noche víspera de Navidad, esgrimiendo razones humanitarias por el mal estado de salud del expresidente. Fujimori había solicitado la gracia presidencial la segunda semana de diciembre, mientras en el Congreso se cocinaba la apertura de un proceso de declaratoria de vacante presidencial contra Kuczynski por los vínculos de una empresa suya con Odebrecht la década pasada, y que el presidente ocultó. No fue cesado en el cargo porque diez parlamentarios fujimoristas, encabezados por Kenji Fujimori, se abstuvieron de votar. Horas después, Kuczynski libera a Fujimori padre de la prisión.
El presidente en ejercicio de Perú está haciendo todo el esfuerzo por hacer ver su decisión como tomada para proteger el interés superior nacional. Nadie le cree. Es solo política. Es su supervivencia en el cargo, así le haya tocado sacrificar su precaria bancada en el Congreso. Varios aliados anunciaron su retiro de la coalición gubernamental.
Fujimori llevaba diez años en prisión, condenado a 25, por delitos de lesa humanidad. Ayer pidió perdón “a los compatriotas que defraudé”. Pagó más cárcel efectiva que la que pagarán, por ejemplo, los que en Colombia se verán beneficiados por las normas de la Jurisdicción Especial de Paz. Aquel cometió sus delitos desde el Gobierno, amparado en la estructura institucional del poder, lo que le merece un juicio de reproche jurídico y moral más severo.
Su caso, como otros tantos, revela también cómo la supuesta protección a los derechos humanos se subordina a intereses políticos, y también cómo algunos de quienes dicen defender esos derechos humanos solo se alarman cuando la impunidad ampara a los que no son de su propia cuerda ideológica.
