Hay unos hechos ya suficientemente conocidos, hay unas cifras que se han puesto sobre la mesa, y hay unos datos que, como sociedad, nos hacen preocupar por la gobernabilidad de Empresas Públicas de Medellín, y las consecuencias que las recientes decisiones del alcalde de la ciudad y la gerencia de la empresa tienen y tendrán tanto a corto como a largo plazo. Consecuencias para la institucionalidad, para la realidad económica de la empresa, de Medellín, Antioquia y el país; para la estabilidad de la buena administración de la organización y su talento humano, para la salud y confianza financiera; para su fortaleza y sostenibilidad, en suma.
EL COLOMBIANO organizó ayer un foro (que queda disponible para las audiencias en nuestra página Web), con el interés de proponer a la comunidad una conversación sobre la gobernabilidad, el código de buen gobierno para EPM, y de ese modo propugnar por la protección de un patrimonio de Antioquia, de Colombia y de Latinoamérica. Que, por múltiples y justificadas razones, es orgullo de una sociedad y de su administración pública. Para hablar de sus capacidades de evolución y desarrollo, con argumentos basados en hechos, evidencias técnicas e históricas, y experiencias de gobierno y gerencia de varios de quienes han sido sus máximos responsables.
Participaron los exalcaldes de Medellín Luis Alfredo Ramos, Sergio Naranjo, Alonso Salazar y Federico Gutiérrez. Y los ex gerentes generales de EPM Mauricio Restrepo, Federico Restrepo y Jorge Londoño. EL COLOMBIANO extendió invitación al alcalde Daniel Quintero, así como al gerente de la empresa, Álvaro Guillermo Rendón. Luego de buscar la confirmación de su participación, no hubo respuesta por parte de sus despachos.
Hay puntos de consenso entre los participantes: hay un recorrido de 65 años en el que se ha consolidado una institucionalidad vigorosa, tan importante en un país en el que las entidades públicas sufren desgaste y falta de credibilidad, que la visión de largo plazo es la que siempre, al final, termina prevaleciendo. No es la primera vez que EPM sufre embates desde las administraciones públicas. Los hubo entre 2001 y 2003 y la sociedad civil supo delegar unas veedurías que cumplieron un papel muy importante. Hay un sentido cívico que sabe ponerse en pie para recordar que hay unos parámetros de gobernabilidad y acuerdos vigentes que no permiten aventurerismo ni improvisación.
Exalcaldes y exgerentes tienen muy presente el Convenio marco de relacionamiento entre el Municipio de Medellín (Alcaldía) y EPM, el papel y responsabilidad de la junta directiva, y el carácter independiente y técnico que debe tener. Para quienes hayan visto la transmisión del Foro en el resto del país o en el exterior, podría llegar a sorprender que en un entorno como el nuestro, alcaldes del más diverso origen político estén de acuerdo todos en que el sistema de gestión basado en una cooperación permanente entre Estado, empresas privadas y universidades ha sido exitoso, y que las críticas expresas o veladas que se han vertido estos días están llenas de falsedades y tienen propósitos que sirven a agendas ocultas.
EPM sigue hoy sin junta directiva en propiedad. Será ella, una vez constituida según lo indican las normas, la que deberá tomar un papel protagónico en ese Pacto Social por la Gobernabilidad del que se habló en nuestro Foro de ayer. Y la que, con su independencia y verticalidad de todos y cada uno de sus miembros, definan si acompañan los objetivos comunes de avance de toda una sociedad frente a una empresa cuya misión no se reduce a esta región del país.
