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En medio del ruido creado entre el Congreso y el Gobierno por la consulta popular y la desaparición por dos días del presidente Petro –hizo pasar al país la vergüenza de dejar plantado al presidente de Panamá– han quedado relegados en un segundo plano varios golpes que encajó la empresa privada justo la semana pasada y que le están poniendo el camino más cuesta arriba no solo a los productores, sino en general a Colombia.
Estas decisiones van sumando ingredientes para crear un cóctel explosivo que podría llegar a asfixiar el aparato productivo. Uno podría decir que estas decisiones han coincidido por casualidad o al menos sin proponérselo, pero no cabe duda de que la narrativa antiempresa privada que promueve el Gobierno ha sido su caldo de cultivo.
La más comentada, por supuesto, es la aprobación en el Senado de la reforma laboral. Si bien inicialmente se había negado, ante la posibilidad de que Gustavo Petro montara al país en la vaca loca de la consulta popular para utilizarla como trampolín para sus candidatos al Congreso y a la Presidencia, el Senado decidió resucitarla, no por convicción, sino por estrategia.
Si bien es necesario revisar las condiciones laborales en el país, hacerlo sin tener en cuenta la capacidad financiera de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, pone a Colombia en riesgo de destruir empleo formal, agravar la informalidad y agobiar aún más la economía que ya da señales de fatiga.
La reforma, que incluye el inicio del horario nocturno a las 7:00 p.m., y por ende el pago de más horas extras, y un recargo del 100% para trabajo en domingos y festivos, es una carga difícil de asumir. De manera particular, golpeará a clínicas y hospitales, restaurantes, servicios de seguridad privada y estaciones de servicio que están obligadas a trabajar en horario extendido. El sector gastronómico estima que se podrían perder 40.000 empleos; en vigilancia privada, al menos 18.000 guardas; las estaciones de gasolina por automatización de su operación dejarían sin trabajo a cerca de 50.000 personas. Por no profundizar en el dramático caso de las clínicas y hospitales que vienen cargando tantos problemas financieros que difícilmente podrán sostener una nómina en estas condiciones.
El segundo golpe al sector privado es el decreto que modifica el sistema de retención en la fuente y exige a las empresas adelantar pagos antes de recibir ingresos efectivos. En promedio una empresa tiene un margen de ganancia de 5,5% –según los datos de la Dian–, así que una retención del 5% de las ventas equivale a que el Estado recibe el 91% de la utilidad.
Más allá del golpe a las empresas, es un ejercicio peligroso para las finanzas del país. El presidente Gustavo Petro quiere gastar hoy los recursos que necesita el país para financiar su presupuesto en gobiernos futuros. De manera que, en los próximos años, cuando el Estado vaya a pagar servicios básicos como la educación, la salud o la seguridad pública se va a encontrar con menos recursos de los necesarios.
El tercer golpe vino por cuenta de una circular de la superintendencia de Notariado y Registro que obliga a cualquiera que va a vender una finca a notificar la venta y darle la opción prioritaria de compra a la Agencia Nacional de Tierras. Este tipo de medidas, en casi 100 municipios de ocho departamentos, aunque se presentan como un instrumento de reforma agraria, puede terminar minando la confianza jurídica y entorpeciendo la dinámica de un sector crucial para la inversión y la productividad agrícola.
Y como si fuera poco, no menos inquietantes son las expresiones de ministros como el de Minas y Energía, Edwin Palma, quien desde Mamonal celebró en redes sociales la protesta que paralizó por más de 24 horas esta zona industrial de Cartagena. Un tono de confrontación innecesario y, sin duda, una gran equivocación que desde el Gobierno el aparato productivo sea considerado un adversario.
En ese contexto no es extraño lo que muestran las cifras. Caída en la inversión fija —del 20% del PIB en 2022 al 17,1% en 2024— y de más del 15% en la inversión extranjera directa. La construcción, uno de los motores de la economía, muestra una caída del 52,7% en el inicio de obras y una reducción del 4,5% en ventas. Aunque sectores como la agricultura han mostrado cierto dinamismo, el crecimiento del 2,7% en el primer trimestre de 2025 resulta insuficiente para compensar la pérdida de inversión y el aumento del endeudamiento de los hogares.
El Gobierno ha sacado pecho con los datos de desempleo: bajó a 8,8%. Pero otra vez se repite: la mayoría de los nuevos trabajos son por cuenta propia (el 74%) y otro tanto en la administración pública. No se ve propiamente un aparato productivo en pleno vigor: por el contrario, reina el rebusque y la burocracia. Y sin un aparato productivo sólido, al cabo del tiempo no habrá suficientes impuestos para sostener esa burocracia.
Colombia necesita reformas, sí. Pero necesita que se construyan desde la responsabilidad fiscal y la promoción del empleo formal. El país no puede avanzar hacia el desarrollo desmantelando los cimientos que lo sostienen. Lo que está en juego no es una simple disputa ideológica, sino la viabilidad misma del desarrollo sostenible en el país.