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Faltan cuatro días para las elecciones y el gobierno de Gustavo Petro ha decidido que las reglas no están hechas para él. Lo que está ocurriendo no es mera participación en política: es la burda utilización del Estado como maquinaria electoral para beneficio de un candidato, con el descaro de que quien lo hace –el Presidente– sabe que los organismos de control llegan tarde –o no llegan– y el daño estará hecho.
Lo que Petro está haciendo es lo que la Asamblea Constituyente del 91 quiso prohibir cuando redactó el artículo 127 de la Carta Política: evitar que se use el poder de la Presidencia para amañar una elección.
La Presidencia es un cargo tan poderoso que el diseño institucional buscó ponerle controles, equilibrios y cortapisas para evitar que ese poder se desborde. Y uno de esos frenos, así como lo son las Cortes, el Banco de la República, la Contraloría o la Procuraduría, es la prohibición de hacer campaña desde la misma Presidencia.
El domingo, por ejemplo, Petro publicó un video de Iván Cepeda en Barranquilla: “Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras”. Días antes había dicho, en un evento oficial, que “de pronto ganamos nosotros las elecciones”. El procurador Eljach lo llamó al orden recordando que el presidente tiene una influencia sobre la sociedad que los límites institucionales están diseñados precisamente para contener. Petro respondió: “Ojalá”. Y luego en la radio fue más explícito: “Si el progresismo pierde las elecciones, a mí me van a perseguir”. La frase revela que Petro está haciendo campaña para salvar su pellejo y lo disfraza de campaña por el futuro del país.
Y su gabinete lo acompaña. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en un evento en Tolima, dijo sin rodeos: “Hasta el perro y el gato tienen que salir a votar el 31 de mayo o si no nos va a llevar el putas”. La Procuraduría abrió investigación. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también fue investigado por comentarios en un evento institucional. Y la embajadora en Haití fue suspendida después de decir: “La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”. No es entusiasmo desbordado de funcionarios sueltos. Es una cultura de impunidad en el Gobierno.
Como si fuera poco, el candidato Iván Cepeda –contrariando la veda de hacer proselitismo en esta última semana antes de las elecciones– convocó en Sincelejo un acto con tres mil personas, pero para saltarse la norma lo llamó “evento privado”. Así entonces cualquier candidato podría convocar en el Movistar Arena y decir que se trata de una reunión íntima. Ese mismo día, su fórmula Aída Quilcué hacía lo propio en Yopal. El candidato de las “manos limpias” y la “revolución ética” aprovecha la letra de la norma para pisotear su espíritu. De los mismos creadores de que si a lo ilegal se le quita la i se vuelve legal.
Lo más grave ocurrió en la calle. El 21 de mayo una marcha terminó en vandalismo contra una sede de Paloma Valencia en Bogotá. En la movilización estaba la senadora María José Pizarro, jefa de debate de Cepeda, repartiendo volantes. El dato que convierte el episodio en escándalo lo aportó el congresista electo Daniel Briceño: uno de los vándalos tendría un contrato vigente con la UNGRD. Si se comprueba estaríamos ante el uso del aparato público para el hostigamiento político.
Y algo igual de deplorable, Petro decide usar los recursos públicos no con la finalidad de solucionar problemas de los colombianos sino de repartir beneficios en plena temporada electoral para conseguir votos. El caso del Icetex: después de que Petro les subió los intereses a 170.000 estudiantes desde el segundo semestre de 2025 —cuotas que se duplicaron o triplicaron—, el mismo Petro decidió congelar esos mismos intereses durante abril, mayo y junio. Los tres meses exactos de campaña. Desde julio, el alivio desaparece.
Otro caso es el de Colombia Mayor, los subsidios llegaron a 1 millón 360 mil nuevos beneficiarios —un salto del 71%— “pocos días después de las elecciones legislativas y meses antes de las presidenciales”. Es decir, hay más de un millón de viejos que estuvieron esperando el subsidio tres años y medio y solo se los dan ahora para elecciones. Qué casualidad.
Y para cerrar, Petro bajó el cobro de peajes. “Reduje los peajes de 18.000 pesos a 700 pesos en Caldas. Allá votan más por Uribe, pero eso no me importa”, escribió Petro. Nadie le había preguntado por los votos. Él los mencionó. La Contraloría reaccionó exigiendo explicaciones sobre cómo será el pago al concesionario. Nadie sabe cuánto le costará al Estado esa generosidad preelectoral ni quién la pagará desde el 1 de junio.
No se trata de funcionarios desbordados: son el presidente, tres ministros, una embajadora, contratistas de la UNGRD, el Icetex, Colombia Mayor y los peajes moviéndose en la misma dirección para favorecer la candidatura de Iván Cepeda.
¿Tanto peleó Petro contra la oligarquía y el Frente Nacional para terminar siendo una peor versión de ese sistema que utiliza el poder del Estado para evitar que otros lleguen a él?