El desmonte de los circuitos de las economías ilegales y el afianzamiento de la formalización, la legalidad, la productividad y las “oportunidades empresariales”, en un ambiente paralelo de combate judicial y de rechazo moral y ético a toda forma de corrupción pública, e incluso privada, estarán en el centro de los retos que se le plantean al presidente electo Iván Duque Márquez.
Ese núcleo de acción implicaría una serie de medidas en otros campos que ayudaría significativamente a una transformación integral de la ciudadanía: el robustecimiento del aparato de justicia, la depuración de sus entidades y de los organismos de seguridad, el sometimiento de las mafias y sus grupos criminales, la educación orientada a consolidar una sociedad inspirada por la trasparencia y, por supuesto, una mejoría sensible de los indicadores de crecimiento que cualifiquen los empleos y los ingresos.
Para esto último, ya lo advertimos, habrá que elevar la productividad con inversión en educación media y superior, de forma que se puedan difundir las tecnologías de la información y la comunicación. Se requiere que el Estado provea bienes públicos (vías, servicios) de buena calidad que reduzcan los costos de producción y mejoren la competitividad en el mercado nacional e internacional.
Otra gran tarea, paciente y necesaria, que el nuevo mandatario fijó en su discurso de victoria la noche del domingo será la integración, la unidad de las fuerzas sociales y políticas de la nación que, cada vez más acostumbradas a convivir con y por las diferencias de todo orden, deben confluir en un proyecto nacional que contenga líneas comunes de búsqueda de desarrollo y fortalecimiento de la democracia y del Estado Social de Derecho.
Disolver las polaridades, los odios políticos y de clase, la justificación de la violencia, las anacrónicas rivalidades regionales y definir puntos de encuentro, “acuerdos sobre lo fundamental”, tender puentes y alentar una visión moderna de la praxis y la participación política, deberán ser los lazos que amarren la estructura del Estado y la sociedad del país que gobierne Iván Duque.
En varios editoriales, pero en especial ayer, se subrayó la legitimidad de la votación histórica que rodeó la elección del nuevo presidente: ese triunfo sólido y masivo que por eso mismo se convierte en un mandato expreso que exige las más altas calidades ejecutivas y éticas —de verdadera meritocracia— de quienes integren el próximo gobierno.
Proveer justicia con eficacia y reducir la impunidad (casi el 75 % de los procesados penalmente termina en libertad), en particular frente a las víctimas de los atropellos de los actores armados ilegales, debe ser prioridad y eje de la calidad institucional y de una paz social cierta. Que los delitos se investiguen, se juzguen y se sancionen.
Pero junto a los temas centrales de la economía y la justicia, Duque Márquez, incluso por su condición de joven, está llamado a sintonizar con un gran proyecto de cultura y ciudadanía que contemporice con las preocupaciones medioambientales y que sea capaz de minimizar en el mapa los puntos de pobreza extrema y de miseria.
Una Colombia de oportunidades económicas y de igualdad ante la ley y la vida, sin odios ni revanchismos, de mayor tolerancia política y social, por fin se enrutará a esa modernidad que no tiene otro efecto distinto que el de la democracia real.
