La llegada de las empresas digitales a la vida de los colombianos, con sus atractivas ofertas de bienes y servicios, ha traído un cambio en nuestros hábitos de consumo en la medida en que nos está facilitando la vida. Pero no todo ha sido positivo en este proceso. El otro lado de la moneda es el descontento de varios de los actores involucrados en esa transformación, ya que la popularidad y crecimiento de esas empresas no ha estado acompañada de desarrollos de las normas que regulen sus actividades.
En efecto, hoy en Colombia el servicio de transporte con base en software de aplicación móvil, que conecta a los pasajeros con los vehículos registrados en sus servicios, lo prestan cada vez más empresas. Ya, incluso, se puede diferenciar el tipo de transporte (y de precio), al cual puede acceder el usuario. Sin duda, la proliferación de plataformas refleja que hay una necesidad en las ciudades colombianas, pero ha llevado a que, como en todo el mundo, sea frecuente ver en nuestras ciudades la protesta de los taxistas, que en algunos casos lleva a la agresión física de los conductores que prestan el servicio utilizando las aplicaciones.
De otro lado, hace unos días, y también como en otras latitudes, los mensajeros de una importante empresa colombiana (Rappi) protestaron por las malas condiciones laborales y logísticas de su actividad. Aunque hay aspectos en común con el caso del transporte, también existen grandes diferencias. La más importante es que se trata de una actividad completamente legal que modernizó un servicio que ya existía, aunque limitado y costoso, utilizando para ello las nuevas tecnologías. Las plataformas, en este caso, proponen una entrega “instantánea” (en menos de media hora y normalmente atendido por mensajeros en moto o bicicleta) de comidas preparadas en un restaurante, aunque también puede tratarse de víveres de un supermercado, u otros tipos de servicios.
El gobierno enfrenta, entonces, el desafío de construir una política pública que regule unas actividades que generan valor y crean empleo dentro de unas nuevas reglas del juego. Estos servicios, además de tener un rápido crecimiento y hacerse con base en aplicaciones y plataformas digitales, también desafían la institucionalidad a varios niveles.
Los servicios de transporte están basados en el principio de que un particular puede compartir su vehículo con alguien que necesite movilidad y cobrar por ello, lo que es ilegal, aunque la plataforma que utilizan es legal. Ya no da espera una política pública que supere esa ambigüedad, que pasa por revisar las condiciones para ser transportador, eliminando normas como el pago de los cupos e igualar la regulación para unos y otros transportadores. Al final, en el caso de los taxis, todos terminarán por usar plataformas digitales.
El tema laboral es igualmente complejo, hay que tener en cuenta que en el modelo de negocio de las empresas que ofrecen servicios de alimentos a domicilio, es fundamental mantener un costo reducido. Así las cosas, el eslabón más débil de la cadena es el mensajero, con lo cual la política laboral deberá tener un difícil equilibrio entre garantizar los derechos de esos trabajadores y permitir el crecimiento de esas empresas, que además están generando empleo. En todo caso, Colombia debe ponerse a punto en la regulación de las empresas digitales, un camino que no es fácil porque el emprendimiento digital suele ir más rápido que la normatividad.
