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Hace quince años, Colombia conoció la historia de dos hermanos. Uno era alcalde, carismático, poderoso y soñaba con llegar a la Presidencia. El otro se movía alrededor de los contratistas, negociaba comisiones y aprovechaba el cargo de su hermano. Uno tenía el poder. El otro hacía los chanchullos.
No estamos hablando de Daniel y Miguel Quintero.
En este caso nos referimos a Samuel e Iván Moreno Rojas. Los mismos que en Bogotá montaron un esquema de corrupción –‘mordida’ de 8% a cada contrato– y terminaron presos por ese gigantesco carrusel de la contratación que saqueó a Bogotá.
Un dato clave: primero cayó Iván. Después cayó Samuel.
Hoy Medellín contempla una historia que guarda semejanzas perturbadoras. Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, está a las puertas de una imputación de cargos por presunta corrupción. O, mejor dicho, lleva semanas a las puertas, porque tres audiencias destinadas a imputarlo se han frustrado.
La Fiscalía investiga a Miguel Quintero por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en el entramado que habría operado entre el Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí, por más de 17.600 millones de pesos.
Lo curioso es que esos dos delitos son los mismos por los cuales la Corte Suprema condenó a Iván Moreno, en abril de 2023, por el llamado ‘carrusel de ambulancias’ y el 11 de marzo de este año volvió a condenarlo por esos mismos dos delitos. El tipo penal del hermano que hace los negocios.
Iván Moreno no era alcalde de Bogotá. Era senador. Sin embargo, la justicia demostró que tenía una enorme capacidad de intervención sobre la contratación de la ciudad que gobernaba su hermano. Samuel estaba en el Palacio Liévano. Iván se movía alrededor de los negocios.
El primero de los hermanos Moreno que cayó fue el hermano, Iván, el 28 de abril de 2011, capturado por orden de la Corte Suprema. Cinco meses después fue detenido el alcalde, Samuel.
Por eso resulta inevitable mirar hacia Medellín. Miguel Quintero tampoco era alcalde. El alcalde era su hermano Daniel. Sin embargo, testimonios, chats, correos y otras evidencias que hoy reposan en poder de la Fiscalía lo señalan como una persona con enorme influencia sobre funcionarios y contratación pública durante aquella administración.
En el expediente del Área Metropolitana, testigos lo identifican como supuesto articulador de un esquema que habría cobrado comisiones en contratos. Hay ya un condenado, principios de oportunidad y testigos que han entregado material a los investigadores. También está bajo escrutinio su patrimonio: se han revelado chats, fotografías y testimonios sobre propiedades y bienes de alto valor.
Los dos casos están llenos de coincidencias. Hay, además, un personaje que aparece en ambas historias: Emilio Tapia. El contratista que fue pieza fundamental del carrusel de Bogotá es mencionado en testimonios sobre irregularidades alrededor de Afinia durante la administración Quintero. Uno de esos testimonios menciona tanto a Miguel Quintero como a Tapia.
Donde sí hay una diferencia es que en el caso de los Moreno, la justicia comenzó por arriba. La Corte Suprema investigó al senador Iván Moreno y ordenó su captura. Esa primera ficha ayudó a derrumbar el dominó. Contratistas hablaron, aparecieron pruebas y el carrusel terminó revelándose pieza por pieza.
En Medellín la justicia ha recorrido un camino mucho más tortuoso. La Fiscalía tardó en llegar hasta Miguel Quintero. Finalmente anunció que lo imputará. Pero cuando parecía que por fin el expediente llegaría ante un juez, comenzó otra carrera: tres intentos de audiencia y tres frustraciones. Puede haber una explicación procesal para cada aplazamiento. Pero tres tropiezos seguidos alrededor de un proceso de semejante trascendencia dejan un mal sabor.
Más aún cuando en la última audiencia, la jueza que llegó de urgencia a reemplazar a la titular incapacitada pidió que su rostro no apareciera en ninguna publicación. Invocó el habeas data. Sus razones tendrá. Pero en un país que tuvo que recurrir a los jueces sin rostro para enfrentar al narcotráfico, una petición semejante deja, cuando menos, un interrogante. La cuarta audiencia está citada para el 10 de septiembre. Esperemos que sea la vencida.
Hay además un detalle imposible de ignorar. Abelardo De la Espriella, hoy presidente, cuando ejercía como abogado en 2023 se refirió a Daniel Quintero como ‘el Samuel Moreno paisa’.
La pregunta que empieza a rondar es la misma que terminó persiguiendo al alcalde Samuel Moreno: ¿hasta dónde podía llegar la actuación del hermano sin que el alcalde supiera lo que estaba ocurriendo?
Ser hermano de alguien investigado no convierte a nadie en delincuente. Pero tampoco puede pretenderse que la relación sea irrelevante. Miguel no está acusado de hacer negocios en una ciudad gobernada por un extraño: las presuntas irregularidades ocurrieron en entidades de la administración de su hermano.
Hace quince años los Moreno Rojas terminaron cayendo porque la justicia tuvo dientes y pudo avanzar. Nadie puede asegurar que la historia vaya a repetirse en Medellín. Las pruebas tendrán que decirlo. Pero para saberlo hace falta algo elemental: que finalmente haya audiencia.