No solo los antioqueños, el país, observa desconcertado el debate que se está adelantando entre los máximos dirigentes políticos del Departamento alrededor de la crisis derivada de las fallas del megaproyecto Hidroituango. No por el debate mismo, que es ineludible e inevitable, bienvenido, sino por los términos a los que ha llegado y los caminos que ha tomado.
El debate hay que abordarlo mirando con seriedad y juicio los aspectos de fondo, basados en informes técnicos especializados. Eso no significa que, como gobernantes representantes de la ciudadanía, elegidos por voto popular para asumir altas responsabilidades, el Gobernador de Antioquia o el Alcalde de Medellín tengan que ser espectadores pasivos mientras los peritos cumplen con lo suyo. Ellos pueden y deben asumir un papel activo, vigilante, transparente.
En esa medida, como responsables de pedir y rendir explicaciones y trasladarlas con claridad a la sociedad, están asumiendo una responsabilidad política, y el debate, por tanto, tiene un componente político, nunca entendido el término como sinónimo de electorero. Dicho esto no se entiende, ni acepta, un debate donde se pongan los intereses personales sobre los de la ciudadanía y por tanto no se construya sociedad.
El tono lo puso el gobernador Luis Pérez cuando anunció, la semana pasada, denuncias penales contra los directivos de EPM que aprobaron la práctica de pruebas de polígrafo a ejecutivos de la organización y la creación de supuestas “listas negras”.
En esta, una sociedad que tiene suficiente violencia, deja mucho que desear que uno de sus líderes, cuyo comportamiento debería ser ejemplar, constructivo e inspirador, no tenga la capacidad -ni autocontrol- de encontrar caminos para resolver sus inquietudes sin arriesgarse a destruir valor de la compañía y someter a la ciudad, y al propio proyecto, a tensiones extras innecesarias y riesgosas.
En consecuencia, el pasado lunes, EPM anunció medida de igual naturaleza contra Pérez Gutiérrez y contra la concejal de Medellín, Luz María Múnera. Tristes e inconvenientes formas de dirimir diferencias. Ya es poco realista esperar una reconducción de lo que de controversias normales pasó al extremo de compeler presencia ante la justicia penal.
El gobernador presentó ante la Asamblea Departamental un informe de ocho capítulos de lo que denominó “errores constructivos en Hidroituango”. Algunos de ellos los sustenta en un informe técnico que él mismo contrató a la Universidad Nacional. Ayer, en rueda de prensa, el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, dijo que no conoce ese informe. También hizo un llamado a que este debate no se haga “con injurias y calumnias”.
Hay que mirar punto por punto las denuncias del Gobernador, y hay que atender las respuestas, emitidas ayer, por la empresa. Aunque el gerente de EPM se lamenta de que esta discusión se haya hecho pública, pues a su juicio ello “dificulta la solución de estos problemas tan complejos”, la crisis del proyecto amerita la máxima claridad y plena disposición a responder. Eso sí, atendiendo al rigor técnico y la transparencia y no a arrebatos temperamentales.
Entre este cruce de versiones la opinión pública querría recibir, más que disonancias de egos heridos o sacadas de clavo entre sus gobernantes, información creíble, asunción de responsabilidades y seguridades de que un proyecto en el que Colombia y Antioquia se juegan tanto, podrá sobreponerse a calamidades tan complejas que demandan templanza y sabiduría de sus líderes y gestores.
