La atención del país está puesta en los casos de corrupción pública, en concreto la de los grandes contratos de infraestructura física. No sabemos si persistirá este interés, o si se difuminará como tantos otros asuntos importantes que la sociedad colombiana ha evitado encarar durante décadas.
Esta semana, el Índice de Percepción de Corrupción divulgado por Transparencia Internacional no solo ratificó que Colombia es un país corrupto, sino que informó que vamos cayendo aún más en la “lista negra”: quedamos en el puesto 90 (los dos años anteriores estábamos en el 83), teniendo en cuenta que los primeros de la lista son los países más transparentes.
En la corrupción pública hay una línea de actuación que conlleva el meter mano directamente al erario público por parte de funcionarios venales. Pero otra rama corrupta, como en los casos conocidos en los últimos meses, implica la connivencia, participación, complicidad o asociación criminal entre empleados públicos y ejecutivos del sector privado.
De hecho, Transparencia por Colombia, al comentar los deplorables resultados del país en la medición de 2016, establece tres puntos de atención urgente: depurar de politiquería los órganos de control y de justicia, implementar medidas explícitas anticorrupción en la etapa del posconflicto, y combatir efectivamente la corrupción en el sector privado: “De acuerdo con estudios recientes de Transparencia por Colombia, más del 90 % de los empresarios del país reconoce que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios. Hoy se estima que el promedio de los sobornos puede llegar hasta el 17.3 % de los valores de los contratos”.
En entrevista ayer con este diario, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, reveló que encuestas hechas por su gremio arrojan que en los departamentos los empresarios cuantifican el soborno en 14 % del valor de los contratos, y 15 % en los municipios.
Siempre quedará abierto el interrogante de si quien paga lo hace como un trámite más, sin cuestionarse éticamente su conducta y el daño social que causa, o si lo hace compelido por esa extorsión del empleado público, en la cual se juega su supervivencia empresarial, pues si no paga no trabaja.
Unido a este último aspecto va la ausencia de estímulo para denunciar. La impunidad es casi total y las conexiones entre los organismos de control y de justicia y los jefes políticos “dueños” del cargo público que impone la coima hace que, más aún en las regiones, los corruptos sean intocables.
Pero también la corrupción privada tiene otro cariz, y es la de los empresarios o contratistas que ofrecen dádivas. Caso muy repetido en el trámite de licencias de cualquier tipo, desde las urbanísticas, aduaneras o ambientales, como lo refleja la encuesta divulgada también esta semana por la Andi.
Finalmente, hay una corrupción privada que se vale del abuso al consumidor: los carteles empresariales, las colusiones para fijación artificial de precios, campo en el que la Superindustria ha comenzado ha actuar pero que durante años generaron abusos contra el bolsillo de los ciudadanos. El ánimo de lucro deja así de ser un componente normal de la actividad empresarial para ser el único objetivo, pasando sobre normas legales y éticas y sobre el mismo decoro social. Cuando hablamos de corrupción, los reflectores deben dirigirse a todas las partes involucradas.
