La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el 2018, había estimado que al 2050 la producción agropecuaria mundial debería incrementarse en un 50 % para suplir el crecimiento poblacional, el aumento en el ingreso per cápita y la mayor urbanización.
Lo anterior requerirá la expansión del área cultivada y aumentos en productividad en el mundo. Colombia tiene tierras aptas y abundantes recursos hídricos. Para dichos efectos, el país cuenta, entre otras políticas y estrategias, con los Planes Nacionales Sectoriales (PNS) que buscan la “superación de la pobreza y la desigualdad y el cierre de la brecha entre campo y ciudad”, mediante mejoras en infraestructura y adecuación de tierras, desarrollo social, estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria, y un sistema de garantía progresiva de derecho a la alimentación.
Esta semana se conoció la importante noticia de que se han adoptado diez PNS, y próximamente se implementarán tres más, con un presupuesto estimado para los 13 PNS en ejecución, de $100 billones hasta 2031.
El potencial de la agricultura colombiana frente al escenario planteado por la FAO no ha sido aprovechado de la mejor manera según plantean reiteradamente estudiosos del tema. Por tanto, implementar políticas públicas e invertir en el desarrollo del campo es necesario desde el punto de vista económico y urgente desde lo social frente al desempleo, la pobreza y las grandes brechas urbano-rurales.
Si bien los PNS buscan incidir de manera importante en el desarrollo rural integrado y en las falencias más protuberantes que encontró el último Censo Nacional Agropecuario (Dane, 2014), estos deberían tener en cuenta: en primer, lugar la necesidad de transformar el uso de la tierra en Colombia, pues tal como la ha señalado Fedesarrollo, existe un conflicto que se manifiesta en la destinación de un poco más de 9 millones de hectáreas con vocación agrícola y/o forestal a actividades de ganadería extensiva. Lo segundo, es la conveniencia de adoptar una concepción que integre el desarrollo productivo, social y su sostenibilidad de largo plazo, incluida la ambiental. A este respecto es fundamental tener claro que la suma de proyectos contemplados en los PNS que inciden en las falencias y carencias del campo no garantizan de por sí mismos el desarrollo rural integral.
En tercer lugar, y asociado con el punto anterior, es importante considerar que la Misión de Transformación del Campo (2016) insistió en superar la visión asistencialista de las políticas rurales, y promover un desarrollo basado en la provisión adecuada de servicios y bienes públicos. La ciencia, tecnología e innovación y la educación media y técnica son fundamentales, así como instrumentos permanentes para el acceso a asistencia técnica, a la adecuación de tierras y distritos de agua.
En cuarto lugar, es necesario aumentar la productividad del campo y consecuentemente exportar más; varios de los PNS deberían promover claramente esa orientación exportadora, aprovechando que algunos de ellos impactan la productividad; además, se debería contar con un marco de políticas e incentivos sólido y más eficaz para el desarrollo de producción exportable en el sector agropecuario y agroindustrial tal y como lo ha reiterado Fedesarrollo.
Finalmente, ojalá que los PNS no sean simplemente la vieja práctica de sumar inversiones que realizan las diversas entidades del Estado por sí mismas y, por tanto, sin apuntar articuladamente a esos objetivos y al desarrollo integral del campo. El cumplimiento y ejecución de los PNS son esenciales como políticas de Estado, motores indiscutibles en la construcción de la paz
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