Es desconcertante, por decir lo menos, el mensaje plagado de contradicciones que envía a la ciudadanía la Fiscalía General de la Nación, en todo lo que rodea al acuerdo al que llegó el fiscal competente que lleva la investigación contra el ex secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas Restrepo.
Cuando este estaba en ejercicio de sus funciones como miembro muy relevante del gabinete del alcalde Federico Gutiérrez, fue capturado el 4 de julio del año pasado. Lo privaban de la libertad no por cualquier irregularidad administrativa, sino que la Fiscalía le endilgaba concierto para delinquir al considerar que desde su cargo público le pasaba información a la organización criminal conocida como la Oficina, con la cual concertaría operativos y avisaría de movimientos de las autoridades.
Tal imputación era de la mayor gravedad. Significaba, ni más ni menos, que la Fiscalía consideraba que en el más alto nivel de la administración municipal había un “topo”, un funcionario prácticamente orgánico en la estructura de “la Oficina”. En las primeras audiencias, el fiscal del caso anunció que tenía en su poder, dentro del acervo probatorio, interceptaciones telefónicas y mensajes cruzados que apuntaban, incluso, a una promesa de colaboración futura para aspiraciones de Villegas a la Alcaldía de Medellín.
En tanto, se supo -entre otros, por revelaciones de este periódico- que el entonces secretario de Seguridad había hecho gestiones para lograr un sometimiento a la justicia de miembros de bandas criminales. Villegas dijo que de esas gestiones estaban informados varios funcionarios, incluso de la Fiscalía, así como parlamentarios. La pregunta en ese momento fue si lo que estaba penalizando la Fiscalía eran estas gestiones.
El pasado lunes se reveló que la Fiscalía y la defensa de Villegas habían llegado a un preacuerdo, por el cual el exfuncionario aceptaba cargos por abuso de autoridad por omisión de denuncia (no haber denunciado una extorsión por valor de 150.000 pesos a una empresa de su familia), y abuso de función pública (haber desarrollado gestiones para un sometimiento de miembros de bandas y combos, sin contar con autorización del Presidente de la República, quien es, según la ley, el único que puede habilitar expresamente gestiones de esa naturaleza). Este preacuerdo fue autorizado por la juez penal de conocimiento, por lo cual se formalizó como acuerdo, que debe ser respetado por las partes.
Si el fiscal de Medellín que lleva el expediente de Villegas declinó seguir la acusación por concierto para delinquir, habría que suponer que lo hizo porque consideró que las pruebas no eran suficientes para sustentar esa acusación en la etapa de juicio.
No obstante, la Directora de la Unidad contra Organizaciones Criminales, Claudia Carrasquilla, hablando a nombre del fiscal General, dice que hay que deshacer este “preacuerdo”. Y a pesar de que no se trata de un principio de oportunidad, dice que no hubo colaboración con la justicia. Sin embargo, aparte de su molestia, el “nivel central” tendría que ser más específico, y concretar si realmente tienen pruebas sólidas para desestimar este acuerdo y sustentar si hubo delitos más allá de los aceptados.
La ciudadanía de Medellín pide certezas. Que, en lo posible, la verdad procesal se ajuste a la verdad real. Hay una persona procesada y encarcelada a quien se le imputaron delitos tan graves como concierto para delinquir, supuestamente urdidos junto con “la Oficina”. De haber sido probados, derrumbarían su buen nombre y su honorabilidad. Pero, ciñéndose a los principios constitucionales, es la Fiscalía, y luego un juez, quienes tienen que demostrar que es culpable. Lo único que hay hasta ahora es una omisión de denuncia y una extralimitación de funciones, conductas que si bien acarrean consecuencias penales, no indican que como secretario de Seguridad trabajara al servicio de una poderosa estructura criminal. La Fiscalía está dando tumbos y, tristemente, también hizo el oso.
