El próximo domingo más de 14 millones de chilenos están convocados a las urnas. Votarán si están de acuerdo o no en convocar y conformar un mecanismo para que elabore una nueva Constitución, que sustituya la de 1980, promulgada durante el régimen dictatorial de Augusto Pinochet.
En una primera papeleta, se les preguntará a los votantes: ¿Quiere usted una nueva Constitución? Los que respondan “Apruebo”, deberán llenar una segunda papeleta: “¿Qué tipo de órgano debiera redactar una nueva Constitución?: Una Convención Mixta Constitucional. Una Convención Constitucional”.
La Convención Constitucional será un órgano exclusivamente conformado para redactar la nueva carta política, de 155 miembros, la mitad hombres, la mitad mujeres. Esta es la opción que apoya el Gobierno de Sebastián Piñera. La otra, la Convención Mixta, de 172 integrantes, tendrá la mitad de ellos provenientes de las fuerzas parlamentarias. Es decir, una vez contabilizada la votación de este domingo y si el “apruebo” es mayoritario, habrá una segunda jornada electoral, en abril del año entrante, para elegir la Convención que haya sido definida.
Hacer una nueva Constitución fue una de las principales reivindicaciones de los movimientos de protesta social que hace un año arrinconaron al Gobierno de Piñera, a la dirigencia política y empresarial y al llamado “establecimiento”, de tal forma que cuando Santiago, la capital, y otras ciudades principales humeaban por las quemas y la destrucción, salieron a decir que las manifestaciones eran justificadas y que el sistema político y empresarial había permanecido sordo durante décadas al resentimiento e inconformismo que bullía entre amplias capas de población.
Entre esas corrientes de protesta prendió la idea de que el paso inicial necesario para cambiar el estado de cosas era hacer una nueva Constitución. La vigente es de 1980, y aunque bajo ella han gobernado desde 1990 siete gobiernos democráticos, que le han introducido casi 40 reformas, al final primó esa suerte de “fetichismo” normativo latinoamericano que promueve la tesis de que los cambios constitucionales aseguran por sí mismos cambios sociales, con independencia de que haya condiciones económicas para asegurar el cumplimiento de las reformas o la satisfacción de todo el catálogo de nuevos derechos que allí se consagren.
En 1990 se recuperó la democracia en Chile y, de los 30 años transcurridos, 14 han sido bajo gobiernos de centro izquierda, y 10 de centro. Solo seis han sido de centro derecha (el periodo y medio de Piñera, siendo discutible además que este pueda encuadrarse dentro de ese espectro). Si a algo tienen pavor los gobernantes chilenos es que se les compare con Pinochet o se les tache de autoritarios. Por eso al propio Piñera las manifestaciones lo han mostrado siempre desbordado y errático, y cuando esas movilizaciones tienen un componente de vandalismo y destrucción a gran escala, el vacío de autoridad ha sido evidente.
No se sabe, por ahora, cómo va a ser el funcionamiento del nuevo órgano que vaya a redactar la nueva constitución –las encuestas predicen un triunfo del “Apruebo” este domingo– pero los analistas adelantan que la campaña para abril versará sobre la estructuración de una constitución garantista, con amplio catálogo de derechos sociales y económicos, de modo que se desmonte el esquema “neoliberal” que tantas fuerzas políticas denuncian ahora, a pesar de haber gobernado bajo ese esquema durante décadas.
Mientras tanto, los gobernantes y políticos, los empresarios y la sociedad en general, seguirán siendo sacudidos por un movimiento con gran componente anarquista que, como se vio esta semana con el incendio de monumentos y edificios –incluyendo iglesias– afectará una campaña y un debate que debería ser totalmente pacífico y democrático.
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