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En medio del desastre que ha significado el gobierno de Gustavo Petro en materia de gestión pública, vale la pena hacer una reflexión, y aplaudir de pie la manera como Medellín y Antioquia han sacado el empuje y el temple, si se quiere la tenacidad montañera, para evitar que las marrullas y los malos manejos de los hoy asiduos a la Casa de Nariño se lleven por delante lo poco o mucho de calidad de vida que se ha construido en la región.
Es poesía política pura. Mientras Petro se empeña en atacar al departamento y les dice a sus funcionarios que no le giren ni un peso, Medellín y Antioquia deciden hacer caso omiso y le están metiendo alma, vida y sombrero, a los proyectos que el Gobierno ha dejado botados.
El caso del Túnel del Toyo ya es emblemático: la infraestructura vial más ambiciosa de Colombia llevaba meses paralizada por falta de voluntad del gobierno nacional. El gobernador Andrés Julián Rendón se puso las botas, e insistió, hasta que logró que le entregaran el contrato de las obras. Ya metió la mano al bolsillo del departamento, lo mismo que hará el alcalde Federico Gutiérrez, para que, ojalá, podamos estrenar esta obra estratégica a finales del 2026.
¿Qué tal habría sido dejar ese túnel, el más grande de América Latina, como un monumental elefante blanco? Es un triunfo que no solo será para Antioquia: gracias a ese trabajo se conectará el corazón del país con un puerto, en 35% menos de tiempo, para poder sacar de manera más eficiente productos de Colombia al mundo.
Antioquia también se ha puesto la 10 en programas exclusivamente sociales. En vista de que el gobierno Petro no les ha dado a todos los viejos más vulnerables del país, el bono pensional que les prometió en campaña y que evidentemente no ha sido su prioridad a la hora de repartir el gasto público, el gobernador Rendón destinó presupuesto para garantizar una pensión vitalicia a los 3.000 mayores de 60 años que hoy se encuentran en las condiciones más difíciles. Es de no creer: los viejos, más pobres y con discapacidades probadas de Antioquia, no estaban en la lista prioritaria del gobierno Petro.
Pero quizás el gesto más simbólico de este espíritu es la creación del “Icetex paisa”. Mientras la Nación le quitó los créditos a más de 40.000 estudiantes, cinco universidades antioqueñas —EIA, Eafit, UPB, Universidad de Medellín y CES— crearon su propio fondo de créditos, con condiciones más humanas y solidarias.
En cualquier sector que se escoja se encontrará que Medellín y Antioquia, sin hacer mayor ruido, han entrado a tapar los huecos dejados por el gobierno de Gustavo Petro. En vivienda, la Presidencia acabó con los subsidios de Mi Casa Ya, dejando colgados de la brocha a muchos que ya habían hecho el trámite de adquirir vivienda. La Gobernación, entonces, creó líneas de crédito y la Alcaldía de Medellín aportó 10.000 millones de pesos para tratar de equilibrar el lío que se armó.
El gobernador Rendón, además, se inventó la tasa de seguridad para dotar a la fuerza pública de mejores herramientas. Con decir que los policías no tienen a veces ni como echar gasolina a la moto para patrullar.
Por su parte, en Medellín, a la alcaldía de Federico Gutiérrez le ha tocado cubrir el vacío que ha dejado el gobierno central en casos como Buen Comienzo. A pesar de que Petro le gusta lucirse diciendo que la educación debe ser desde los primeros años de vida, el Icbf redujo de $70.000 millones a $20.000 millones su aporte a un programa que cuesta $1,5 billones.
Y en cuanto a recursos para situaciones de vida o muerte, el trote para la región ha sido grande. Por ejemplo, para aliviar la crisis de los hospitales públicos, la alcaldía de Medellín inyectó el año pasado $200.000 millones y se dispone a aplicar la misma dosis este año. También ha tenido que aportar recursos para atender a las víctimas y a los desplazados que llegan de Catatumbo, sur de Bolívar y Chocó, poblaciones que en teoría deben ser atendidas por el Gobierno Nacional.
Por no hablar de cómo el gobierno de Petro se ha salido por la tangente en atención de riesgos y desastres. Antioquia ha sufrido 1.690 emergencias, desde enero de 2024 hasta la fecha, en 13 de esos casos tuvo que pedir auxilio a la UNGRD, pero esta solo apareció en el desastre de Montebello.
Estamos hablando de la misma entidad a la que el presidente Petro le aprobó $2,2 billones de más en su presupuesto, que se habrían utilizado para comprar congresistas, según la investigación de la Corte Suprema. La misma a la que no le importó ni cinco la suerte de los pobladores de Vigía del Fuerte, Arboletes, Necoclí, Zaragoza, San Pedro de Urabá, Apartadó, Yondó, Venecia, Puerto Berrío e Ituango.
Lo que está en juego no es solo una disputa política entre un gobierno nacional y un departamento. Lo que se está escribiendo en Antioquia es una lección de liderazgo, una defensa serena pero firme de la autonomía, la gestión responsable y la ética pública.
Con razón dice el gobernador Rendón: “Los enemigos de Antioquia desconocen que fuimos criados en pendientes, que los arrieros nos enseñaron que nada nos puede quedar grande”.
En medio del derrumbe se escucha el latido de la esperanza.