El 9 de diciembre de 1990 acudimos los colombianos a las urnas con el objeto de resolver, en ejercicio de la soberanía popular, si se convocaba una asamblea constituyente para expedir una nueva Constitución, así como para elegir los setenta delegatarios que habrían de integrarla.
La propuesta inicial no apuntaba a la derogación sino a la reforma de la centenaria Carta de 1886, en medio de una grave crisis generada por la violencia y el terrorismo. Se buscaba aprobar una enmienda constitucional, por un procedimiento diferente al del acto legislativo del Congreso –único que autorizaba la normatividad vigente.
Tras el asesinato de cuatro candidatos presidenciales, el último de ellos Luis Carlos Galán, los estudiantes universitarios, seguidos por muchos ciudadanos contra la insoportable violencia que reinaba en el país, conformaron el movimiento “Todavía podemos salvar a Colombia”.
Posesionado el nuevo presidente, César Gaviria Trujillo, expidió, previo acuerdo con los partidos políticos, un segundo decreto de Estado de Sitio -el 1926 de 1990-, que fijó los elementos necesarios para la conformación de la Asamblea, el número de constituyentes y su período. Así, pues, sesionaría –como en efecto ocurrió– una Asamblea Constituyente, con pleno poder para expedir una nueva Carta Política, derogando la de 1886 y sus reformas.
