El debate sobre cómo se validan jurídicamente, o cómo se ratifican políticamente las decisiones que se tomen en La Habana, es en este momento un debate extemporáneo. Porque solo podría darse cuando se conozcan en términos bien precisos los acuerdos que se suscriban. Mientras tanto, se está litigando mentalmente.
Me explico: han celebrado reuniones de trabajo que dicen que hay que reajustar los avalúos catastrales de los predios rurales. Eso no precisa reforma legal, ni siquiera decreto. Es una decisión de la junta directiva del Instituto Agustín Codazzi. O en el tema de las reservas campesinas. Eso ya está definido en la ley, si quieren crear más pues que apliquen la ley vigente.
Puede haber otros temas que sí requieran ley, o incluso reforma constitucional. Y aún más: hay asuntos que ni siquiera con reforma constitucional del Congreso podrían introducirse: solo podría adoptarlas nuestra legislación con un pronunciamiento popular, mediante referendo, obrando el pueblo como constituyente primario. Por ejemplo, un cambio en el régimen de propiedad, o modificaciones al sistema político que impliquen sustitución de la actual Constitución.
Por eso reitero que mientras no se sepa qué se acordó en La Habana, este debate es extemporáneo.
